Duberly Otazú y el exgerente de Agricultura Abel Calderón presuntamente ejecutaron órdenes de servicios sin requerimientos.
Escribe: Los Andes
De acuerdo a documentos que tuvo acceso Semanario Los Andes, el gerente de Agricultura del Gobierno Regional de Arequipa, Julio César Herrera Ojeda, denunció ante la Fiscalía al gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) Duberly Otazú García, y al exgerente regional de Agricultura, Abel Calderón por el presunto delito de colusión.
Según la denuncia, el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción abrió la investigación preliminar en sede policial.
Los acusados habrían brindado a los proveedores servicios sin contar con ningún contrato (orden de servicio o de compra) con la promesa de que posteriormente serían regularizados de la actividad denominada “Primer Feria Macroregional Agropecuaria del Campesino Arequipeño, Festiagro 2024”.
En la denuncia están citados el exgerente regional de Agricultura, Abel Calderón Fernández y Duberly Otazú García, quienes en su momento eran gerente y subgerente de Promoción Agraria de la Gerencia Regional de Agricultura, respectivamente, quienes habrían hecho “perro muerto” a varios proveedores de la actividad.
HECHOS
Festiagro tuvo lugar en la explanada de Cerro Juli y se llevó del 22 de junio al 30 de junio del 2024.
Según los proveedores, entre ellos, Silvia Arriaga Muñoz, brindó un servicio de “narración oral en la cuenca virtual del agua para el evento Festiagro” por un monto de S/ 2,100.
Juan Carlos Machaca Condori, brindó sus servicios con 860 almuerzos para el evento Festiagro por un monto de S/ 42,049.
Por su parte Ysabel Karina Manrique Núñez realizó la organización del concurso y festival de quesos en Festiagro 2024 por un monto de S/ 5,000.
La proveedora Mónica Mondragón Lipa realizó la compra de pasajes aéreos para los jueces y ponentes en Festiagro 2024 por un monto S/15,560 y la empresa Natural Sound SRL brindó los “vídeos, proyección y sonido para todas las charlas y capacitación del evento Festiagro 2024” por S/15,000. Calderón y Otazú a ninguno cumplió con pagar.
Tras el desarrollo del evento, los proveedores no fueron atendidos para la regularización de sus pagos.
Enviaron solicitudes a la Gerencia Regional de Agricultura, pero dicha gerencia no quiso reconocer dichas deudas por no existir requerimientos ni órdenes de servicio, pues de reconocer y pagar por esos servicios se consumaría el hecho de una colusión agravada, detalla la apertura de la investigación.
En 2024, Abel Calderón Fernández, aún como gerente, en declaración a un medio local reconoció que los servicios demandados se realizaron y dispuso viabilizar los pagos, con lo que se evidencia la concertación con los proveedores de defraudar al Estado.
INVESTIGACIÓN
La investigación preliminar dispuesta para un plazo de 60 días en contra de Abel Calderón Fernández y Duberly Otazú García por los presuntos delitos de colusión simple o colusión agravada en agravio de la Gerencia Regional de Agricultura, que será representada por la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Arequipa.
La Fiscalía del Departamento de Delitos contra la Corrupción de Arequipa tiene un plazo de 50 días para investigar a los presuntos implicados.
Solicitarán a la Gerencia Regional de Agricultura que informe si Duberly Otazú y Abel Calderón laboran o laboraron, precisando el cargo que desempeñaron y el periodo de tiempo laborando, adjuntando documentos correspondientes como resoluciones, contratos, memorandos, etc.
Además, solicitarán a la gerencia el Manual de Organización y Funciones (MOF) y Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigentes al año 2024, respecto de cargos del gerente y subgerente regional de Agricultura.
También pedirán los expedientes de los proveedores solicitando el reconocimiento de la deuda, informes de fecha del 15 de enero emitidos por el área de Logística y Patrimonio e informes del 16 de enero de 2025 emitidos por la oficina administrativa.
Por último, se pedirán las declaraciones juradas de los proveedores, debiendo precisar cómo y mediante qué funcionarios se efectuó su contratación y si a la fecha se ha realizado el pago correspondiente.
DATO.
La investigación del caso está a cargo del fiscal Renzo Fernando Díaz Valdivia. Además, según la Ley de las Defraudaciones Patrimoniales al Estado, este delito puede ser reprimido con una pena privativa no menor de seis ni mayor de quince años.
