Las elecciones tienen la capacidad de elegir a un gobierno, pero no siempre de reconciliar a un país. Una proclamación oficial puede cerrar el proceso electoral, aunque difícilmente pone fin a las diferencias que las urnas dejaron al descubierto. Es justamente ahí donde comienza el verdadero reto de cualquier presidente.
Cuando el alcalde de Puno anunció que invitaría a Keiko Fujimori a la Festividad de la Virgen de la Candelaria y, poco después, el alcalde de San Román confirmó que también buscaría recibirla durante el centenario de Juliaca, la noticia pareció responder a un gesto institucional habitual. Después de todo, cualquier autoridad local debe mantener una relación con el Gobierno de turno. Sin embargo, detrás de esas invitaciones quedó una pregunta mucho más interesante: ¿las autoridades también representan el ánimo con el que la ciudadanía recibe al nuevo gobierno?
La interrogante cobra fuerza porque llega apenas unos horas después de la proclamación oficial de Keiko Fujimori como presidenta por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Con ese acto concluye el proceso electoral, pero difícilmente termina la distancia política que dejaron las urnas. A partir de ahora, el desafío del nuevo gobierno ya no será demostrar que ganó una elección, sino que también puede gobernar un país donde una parte importante de la población apostó por otra alternativa.
Los resultados de la segunda vuelta ayudan a entender esa distancia. En Puno, Keiko Fujimori obtuvo el 13,58 % de los votos válidos frente al 86,41 % alcanzado por su contendor. En Arequipa, aunque la diferencia fue menor, también quedó por detrás con el 36,40 %, frente al 63,60 %, según los resultados oficiales de la ONPE. Son cifras que explican por qué una futura visita presidencial al sur podría tener un significado político mucho mayor que el de una simple actividad protocolar.
Aquí aparece una diferencia que muchas veces pasa desapercibida. Los alcaldes tienen la responsabilidad de trabajar con el Gobierno nacional, sin importar quién haya ganado las elecciones. La ciudadanía, en cambio, no tiene esa obligación. Su confianza no se decreta ni se firma en una ceremonia oficial; se construye. Y ese proceso suele ser mucho más lento que la instalación de un nuevo gobierno.
Esta situación tampoco es nueva. El sociólogo Martín Tanaka ha sostenido que la debilidad de los partidos políticos ha deteriorado los mecanismos de representación en el Perú, mientras que el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla advierte que la legitimidad obtenida en las urnas no siempre se traduce en legitimidad política sostenida. En otras palabras, una elección resuelve quién gobernará el país, pero no elimina automáticamente la distancia entre quienes ejercen el poder y quienes esperan ser representados por él.
Por eso, el debate no debería limitarse a si Keiko Fujimori asistirá a la Candelaria, al centenario de Juliaca o, eventualmente, al aniversario de Arequipa. La discusión de fondo es otra: ¿cómo puede un gobierno construir confianza en los lugares donde obtuvo su menor respaldo? Esa respuesta no dependerá de una invitación oficial, sino de la manera en que el gobierno decida relacionarse con esas regiones durante los próximos cinco años.
Quizá la primera prueba del nuevo gobierno no ocurra durante una ceremonia en Palacio de Gobierno. Tal vez ocurra cuando la presidenta visite una plaza de Puno o de Arequipa y descubra que el verdadero desafío no consiste en ser recibida por las autoridades, sino en lograr que la ciudadanía sienta que también forma parte del proyecto de país que ahora comienza.
Redacción: Alexandra Sanca
