Una diferencia menor al 1% es suficiente para ganar la presidencia, pero también para dividir al país en dos mitades casi exactas. La pregunta es, qué ocurre cuando un gobierno llega al poder con una legitimidad electoral suficiente para gobernar, pero insuficiente para construir consensos. La historia peruana ofrece una respuesta incómoda.
En distintos momentos de nuestra historia, los gobiernos que enfrentaron profundas crisis de representación respondieron al conflicto social privilegiando estrategias de control antes que espacios de diálogo. Cuando el respaldo político se debilita y la capacidad de negociación se agota, el recurso a la fuerza suele ocupar el lugar que deja el consenso. Hoy, ese patrón histórico vuelve a cobrar relevancia en un debate que ya no solo involucra el uso de la fuerza por parte del Estado, sino también la forma en que esa fuerza debe ser investigada cuando se producen abusos.
El diagnóstico de Basadre
Más que una anomalía de la política contemporánea, la recurrente presencia de policías y militares como respuesta a las crisis políticas forma parte de un fenómeno que el historiador Jorge Basadre identificó hace décadas. Para explicar la fragilidad del Estado peruano, Basadre recurrió a la figura del «gendarme»: un poder que, ante la incapacidad de construir consensos duraderos, termina apoyándose en la fuerza para preservar el orden.
Siguiendo esa lógica, cuando el diálogo político se rompe y el respaldo ciudadano comienza a debilitarse, el uso de la fuerza deja de ser una medida excepcional y pasa a convertirse en una de las principales formas con las que el Estado enfrenta las crisis.
Uno de ellos ocurrió entre 1948 y 1956, durante el régimen de Manuel Odría. Mientras el gobierno impulsaba un amplio programa de obras públicas bajo el lema «Hechos y no palabras», las restricciones a las libertades políticas convivían con ese discurso de progreso material. Las demandas de sindicatos y organizaciones estudiantiles por mejores condiciones laborales, derechos políticos y libertad de organización fueron enfrentadas mediante la Ley de Seguridad Interior, una norma que amplió las herramientas del Estado para perseguir a opositores y controlar la protesta social.
Décadas después, en noviembre de 2020, el breve gobierno de Manuel Merino volvió a poner en evidencia la tensión entre legitimidad política y control del orden público. Las manifestaciones que siguieron a su llegada al poder fueron respondidas con un amplio despliegue policial. La muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas se convirtió en uno de los episodios más graves de violencia estatal registrados en los últimos años y reabrió el debate sobre el uso de la fuerza frente a la protesta ciudadana.
El episodio más reciente comenzó en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte a la Presidencia. En distintas regiones del país, especialmente en el sur, miles de ciudadanos salieron a las calles para exigir el adelanto de elecciones generales y el cierre del Congreso.
La respuesta del Estado se centró en operativos policiales y militares para contener las movilizaciones. Diversos organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documentaron un uso desproporcionado y letal de la fuerza durante esas intervenciones, que dejaron decenas de personas fallecidas.
Aunque ocurrieron en contextos políticos distintos, estos episodios muestran una constante: frente a crisis de legitimidad y conflictos sociales de alta intensidad, el Estado peruano ha recurrido repetidamente a la fuerza como mecanismo para recuperar el control. Ese patrón histórico es el contexto en el que hoy se discuten las nuevas reglas para investigar la actuación de policías y militares durante estados de emergencia.
El escudo de la impunidad
¿Qué ocurre cuando un ciudadano resulta herido o muere durante una protesta en la que intervienen policías o militares? Hasta ahora, esos casos podían ser investigados por fiscales y jueces de la justicia ordinaria. Con las recientes reformas aprobadas por el Congreso, ese escenario podría cambiar para los hechos ocurridos durante estados de emergencia.
Las iniciativas aprobadas plantean que los policías y militares que utilicen sus armas de reglamento en esas circunstancias sean investigados y juzgados exclusivamente por la justicia militar, en lugar de la justicia civil. En otras palabras, los procesos dejarían de estar a cargo de jueces civiles y pasarían a tribunales militares.
El cambio quedó encaminado tras la aprobación, en segunda votación, de los proyectos de ley 7238/2023-CR, 7922/2023-CR y 9187/2024-CR. Pese a un último intento por detener el trámite legislativo, la mayoría parlamentaria rechazó la reconsideración y dejó la reforma lista para su promulgación.
Para quienes participan en manifestaciones, la modificación tiene un efecto concreto. Si durante una protesta ocurre una lesión o una muerte causada por la intervención de un policía o un militar en un estado de emergencia, la investigación ya no estaría en manos del poder judicial, sino de la jurisdicción militar.
Ese cambio ha generado cuestionamientos de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sostiene que la justicia militar no debe extender su competencia para juzgar hechos que involucren a civiles. Desde esa perspectiva, trasladar estos casos a tribunales militares puede afectar las garantías de independencia e imparcialidad que deben tener las víctimas y sus familias durante una investigación.
Más allá del cambio procesal, el debate plantea una pregunta de fondo: ¿quién debe investigar a quienes ejercen la fuerza en nombre del Estado? La respuesta no solo define el recorrido judicial de un caso, sino también el nivel de confianza que la ciudadanía puede depositar en las instituciones encargadas de proteger sus derechos. Para quienes deciden ejercer su derecho a la protesta, esa diferencia puede significar la posibilidad de que un eventual abuso sea investigado por un órgano independiente o por una jurisdicción integrada por miembros de la misma institución.
Más allá de la justicia militar
Más que una reforma judicial, lo que hoy está en discusión es la forma en que el Estado responde cuando enfrenta una crisis de legitimidad. A lo largo de distintas etapas de la historia peruana, la dificultad para construir consensos ha ido acompañada, una y otra vez, por un mayor protagonismo de la fuerza como herramienta para recuperar el control. Las recientes modificaciones a la justicia militar reabren ese debate al trasladar a esa jurisdicción la investigación de determinados hechos ocurridos durante estados de emergencia.
Al final, el panorama que se dibuja muestra a un sistema que aprendió a la perfección cómo contar votos los domingos, pero olvidó por completo cómo construir consensos los lunes.
Mientras las instituciones prioricen mecanismos de protección para quienes ejercen la fuerza antes que garantías de independencia para investigar posibles abusos, la distancia entre el Estado y la ciudadanía difícilmente se reducirá. Quizá ese sea, todavía hoy, el problema de fondo que Jorge Basadre advertía hace décadas: cuando el consenso político se debilita, el Estado termina buscando en la fuerza el respaldo que no consigue construir en la política.
Artículo redactado por: Alexandra Sanca
