Redacción: Alexandra Sanca
El pequeño B. J. de 9 años lucha por su vida en el Hospital Honorio Delgado Espinoza tras caer desde el tercer piso de un albergue en La Joya. El caso ha tomado un giro indignante tras la denuncia de la señora Cristi Monzón, quien reveló haber hallado al menor amarrado a una camilla tras el accidente. Según se informó, el niño fue trasladado a dicho distrito por la Unidad de Protección Especial (UPE) sin el consentimiento de su madre, quien hoy vive una pesadilla buscando justicia.
La situación médica es alarmante. De acuerdo con el abogado de la familia, Freddy Burgos, el menor presenta lesiones traumáticas en la columna y requiere con urgencia el implante de clavos de titanio. De no realizarse esta cirugía de alta complejidad, el diagnóstico es desgarrador: el niño podría quedar parapléjico de forma permanente.
La gravedad de la denuncia aumenta al conocerse el actuar del personal del hospital. La señora Monzón, quien descubrió al niño mientras realizaba una donación de sábanas, asegura que el hospital tomó fotografías de su DNI y amenazó con acciones legales en su contra por haber registrado fotográficamente el estado de restricción física en el que se encontraba el menor. Ante este escenario de prepotencia, ya se ha formalizado una queja ante la Fiscalía.
El trasfondo legal del caso revela una cadena de fallos institucionales. La UPE habría retirado la custodia a la madre biológica bajo el argumento de presuntos maltratos, sin embargo, en el albergue de La Joya, el niño habría enfrentado un peligro mayor. El abogado Burgos sostiene que el menor era víctima de bullying sistemático por parte de compañeros y cuidadores antes de la caída.
Por su parte, la madre del pequeño relató que en sus visitas encontraba a su hijo con hematomas y «chichones», y denunció que el albergue le restringía el uso de celulares para evitar que se grabaran las condiciones internas o las lesiones del menor.
Se ha solicitado la presencia inmediata de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer (MIMP) para que asuman la responsabilidad por la integridad del niño y gestionen su traslado a Lima. El caso no solo expone un accidente fortuito, sino una serie de omisiones administrativas y maltratos físicos que el Estado estaba obligado a prevenir.
