Los Andes
El pasado 21 de marzo, Rosa Fátima Huaquipaco Zegarra asumió la jefatura de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) en reemplazo de Deysi Hayde Quispe Álvarez, quien solo habría durado en el cargo 8 días, sin embargo, Diario Los Andes tomó conocimiento que la funcionaria designada habría trabajado de la mano con el gobernador, Rohel Sánchez, en el tiempo en el que este fue rector de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Lo cuestionable es que Huaquipaco Zegarra cuenta con cuatro informes de Contraloría por presunta responsabilidad civil, administrativa y penal, en los cuales habría generado un perjuicio económico de más de 190 mil soles a la casa superior de estudios, pese a ello, el gobernador la puso en un puesto clave en el GRA. A continuación el detalle de los informes.
DETALLES
El informe más reciente emitido es del 16 de octubre del 2023, donde se indica que Rosa Fátima Huaquipaco Zegarra mientras ejercía el cargo de directora general de Administración de la UNSA en el periodo del 7 de noviembre del 2019 al 18 de agosto del 2020, se le halló presunta responsabilidad por aceptar que Andrea Villena Cáceres realice la posesión y uso de un salón en el segundo patio del Centro Cultural de la universidad para actividades comerciales mediante el funcionamiento de una cafetería sin que se cumpla los requisitos y procedimientos que se exigen para alquilar un bien inmueble de la casa de estudios.
Ella había suscrito el 3 de febrero del 2020 un contrato de arrendamiento para el funcionamiento de la cafetería, este arrendamiento irregular ocasionó que se establezca una renta mensual inferior a la de su valor, generando un perjuicio económico de S/ 16 mil 556 a la UNSA.
Por tal motivo, Huaquipaco tiene presunta responsabilidad penal en este caso.
MÁS INFORMES
Otro informe de la Contraloría de Rosa Huaquipaco Zegarra es cuando ejercía el cargo de subdirectora de Recursos Humanos desde el 1 de agosto al 7 de noviembre del 2019 y desde el 18 de agosto al 31 de diciembre del 2020.
Se detalla que omitió supervisar y verificar la designación de Edith Lourdes Carrillo Manrique en el cargo de confianza como secretaria académica de Secretaría General bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) entre los periodos del 1 de agosto del 2019 al 7 de noviembre del 2019, sin advertir que dicho cargo no se encontraba en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) para su contratación mediante el régimen Contratación Administrativa de Servicios
Además, suscribió pagos a Edith Lourdes los meses de agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2019 y los meses de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020 sin advertir que dicho cargo no se encontraba en el CAP para su contratación.
Por tales motivos la funcionaria en cuestión habría incumplido las obligaciones establecidas en el artículo 16° de la Ley N°. 28175, Ley Marco del Empleado Público.
Por este hecho, Huaquipaco tiene presunta responsabilidad civil por el perjuicio económico causado a la universidad.
Un tercer informe de Contraloría corresponde al 21 de diciembre del 2020 donde la funcionaria desempeñaba el cargo de subdirectora de la Subdirección de Recursos Humanos en el periodo del 17 de junio del 2019 hasta el 7 de noviembre del 2019, quien reincorporó al servidor Fidel Maceo Celemi, ello pese a habérsele impuesto una sanción de inhabilitación por dos años.
Además, su reincorporación se dio a pesar de que este servidor no habría cumplido la sanción de inhabilitación, por lo que se encontraba impedido para obtener un nuevo cargo de carácter público en el ejercicio estatal.
En ese contexto estaría con la presunta responsabilidad administrativa funcional.
UN DETALLE MÁS
Finalmente, el cuarto informe de Contraloría corresponde al 2017, relacionada a la adquisición de calzado para personal docente y administrativo de la UNSA.
Huaquipaco Zegarra fue parte del Comité de Selección que designó a la empresa El Palacio EIRL para este servicio, la cual no presentó el requisito de admisibilidad establecido previamente en las bases legales integradas.
Además, de suscribir con la representante de la empresa contratista El Palacio EIRL, Gladys Ojeda Lazo, el acta de mutuo acuerdo, modificó las condiciones pactadas en el contrato, incumpliendo los requisitos.
La referida empresa no cumplió con entregar en el plazo establecido el calzado a los trabajadores, sin embargo, la funcionaria impidió el cobro de la penalidad equivalente a 195 mil soles, monto del perjuicio a la UNSA.
Por este motivo, Fátima Huaquipaco tiene responsabilidad funcional administrativa y penal.
Como se puede apreciar, la flamante jefa de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de Administración tiene graves como varios antecedentes negativos que, para la gestión del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez -de Cambio y Desarrollo-, poco o nada le interesaría.
