El general Olger Benavides Ponce de León, actual jefe de la Región Policial Arequipa, fue señalado en el Informe de Control Específico N.° 018-2022-2- 3792-SCE, elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Policía Nacional, que reveló irregularidades relacionadas con la orden de pago de gastos administrativos por S/ 312 993,78 destinados a obras que nunca se ejecutaron.
Estos recursos provenían del Fondo de Vivienda Policial (FOVIPOL) y se desviaron en 2019, año en que se transfirieron S/ 14 600 000,00 a la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) para la creación de fideicomisos destinados a programas de vivienda en Iquitos y Lima. Durante la investigación se determinó la responsabilidad de 36 altos mandos policiales, ya sea por acción directa o por omisión en sus funciones.
En el caso del general se le atribuye la responsabilidad administrativa por no haber supervisado adecuadamente el manejo de los fondos en su calidad de director de investigaciones del fondo en 2021.
INFORME
El ahora general enfrenta acusaciones por presunta responsabilidad administrativa funcional debido a irregularidades durante su gestión como Director de Investigaciones del Fondo de Vivienda Policial (FOVIPOL) en 2021. Según el informe, permitió la continuidad de contratos de fideicomiso entre FOVIPOL y COFIDE, relacionados con programas de vivienda en Iquitos y Lima, pese a la falta de contratos de ejecución y supervisión de obras, incumpliendo así normativas específicas.
Además, según el documento no adoptó medidas preventivas para evitar fraudes ni garantizó la correcta administración de los recursos asignados, funciones que le correspondían según los reglamentos vigentes.
A pesar de presentar aclaraciones, no logró desvirtuar las acusaciones, lo que contraviene principios legales y éticos, como el cumplimiento estricto de las leyes y la transparencia en la gestión pública. El informe recomienda iniciar un procedimiento administrativo para determinar las sanciones correspondientes.
CASO
En 2019, el FOVIPOL gestionó y estableció dos fideicomisos con COFIDE para administrar pagos y proyectos de vivienda, con el objetivo de ejecutar dos programas destinados a la adquisición de 940 unidades habitacionales: Santa Rosa, en Iquitos, y Los Cipreses, en San Juan de Lurigancho, Lima. Para ello, se desembolsaron y transfirieron a COFIDE S/ 14 600 000.
Posteriormente, funcionarios del FOVIPOL llevaron a cabo una modificación irregular en los documentos de gestión interna para habilitar la contratación directa de los fideicomisos con COFIDE, destinados a los mencionados proyectos de vivienda.
Sin embargo, estas contrataciones se realizaron sin que se suscribieran los contratos necesarios para la ejecución y supervisión de las obras. A pesar de esta omisión, FOVIPOL constituyó los fideicomisos y transfirió los fondos a COFIDE el 6 de diciembre de 2019.
Además, se estableció un pago mensual de S/ 5 900,00 por concepto de “gastos administrativos” por cada fideicomiso, lo que generó un gasto total de S/ 312 993,78, aunque ninguno de los programas de vivienda fue ejecutado.
Dato
Junto a él, 35 altos funcionarios policiales fueron hallados responsables.
