El módulo de la Defensoría del Pueblo en Juliaca demandó a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) adoptar las medidas necesarias y urgentes a fin de que las instituciones educativas de su jurisdicción actualicen su Plan Anual de Trabajo.
Las provincias llamadas a actuar son San Román, Azángaro, Melgar, Lampa y San Antonio de Putina. Estas deberán incorporar modalidades de servicio, turnos y horarios, organización en aula, recreos, número de estudiantes, listado de docente según modalidad de servicio y por condición de grupo de riesgo, entre otros.
Cabe señalar que, al respecto, el módulo defensorial advirtió, en una supervisión, que las instituciones educativas N° 205 (inicial), 71014 Manuel Núñez Butrón, 71016 María Auxiliadora (escuelas) y los colegios José Antonio Encinas y Pedro Vilcapaza, no cuentan con un Plan Anual de Trabajo actualizado.
Asimismo, en tal visita se pudo advertir que tampoco cuentan con los materiales y recursos educativos correspondientes al año escolar 2022, todos los cuales fueron distribuidos por el Ministerio de Educación (Minedu).
Además, a la fecha de la supervisión no han recibido el presupuesto para mantenimiento de la infraestructura y para la adquisición de los kits de higiene.
Por otro lado, el coordinador del Módulo Defensorial en Juliaca, Nivardo Enríquez, precisó que, respecto a las medidas de bioseguridad, se detectó que no todos los colegios cuentan con ventilación adecuada.
Y es que no todas las ventanas de las aulas se encuentran operativas, no han calculado el aforo máximo del local educativo y no se ha organizado el mobiliario escolar para cumplir con el aforo máximo permitido y el distanciamiento físico.
De la misma manera, la mayoría de las instituciones supervisadas no cuentan con la señalización para prevenir el contagio de la covid-19 y no tienen implementada la estación de lavado de manos, desinfección de manos, entre otros.
Ante ello, el representante de la Defensoría del Pueblo recordó que las UGEL deben disponer personal para que realice supervisiones permanentes del cumplimiento de las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas de su ámbito territorial.
