La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso iniciar una investigación disciplinaria contra el fiscal superior Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, coordinador del subsistema de extinción de dominio. La medida responde a una denuncia presentada por el colaborador eficaz Horacio Cánepa Torre.
La investigación busca determinar si una decisión de Peña Cabrera contradijo una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) relacionada con la aplicación del Decreto Legislativo 1373. El caso está vinculado con bienes de Cánepa que forman parte de un proceso de extinción de dominio.
Decisión cuestionada
De acuerdo con la resolución de la JNJ, el 25 de junio de 2024, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz aprobó y homologó el acuerdo de colaboración eficaz de Horacio Cánepa. Posteriormente, el 9 de diciembre de 2024, la Sexta Fiscalía de Extinción de Dominio dispuso archivar la indagación contra Cánepa. Ese mismo día, el fiscal superior Peña Cabrera anuló el archivo y ordenó emitir una nueva resolución para continuar con las indagaciones.
La defensa de Cánepa sostiene que esa decisión no tomó en cuenta una sentencia del Tribunal Constitucional. Según la denuncia, el fallo estableció que la pérdida de dominio o incautación de bienes de procedencia ilícita no podía aplicarse a hechos anteriores al 2 de febrero de 2019.
Cánepa señaló que los hechos por los que fue investigado corresponden al periodo comprendido entre 2009 y 2015. También sostuvo que esos hechos forman parte del proceso de colaboración eficaz que suscribió con el Estado.
La denuncia afirma que los bienes sometidos al proceso de extinción de dominio están relacionados con ese periodo. Cánepa considera que una eventual pérdida de dichos bienes podría afectar su capacidad para cumplir con la reparación civil.
JNJ evaluará actuación del fiscal
La Junta Nacional de Justicia indicó que investigará si los fundamentos utilizados por Peña Cabrera para ordenar un nuevo pronunciamiento resultan compatibles con sus deberes como fiscal superior. En particular, la JNJ evaluará el alcance que el fiscal otorgó a la sentencia del Tribunal Constitucional. También revisará la aplicación del criterio denominado “ilicitud patrimonial permanente”. La investigación no establece responsabilidad disciplinaria de manera anticipada. La JNJ deberá determinar, durante el procedimiento, si existió una inconducta funcional.
La resolución señala que, de comprobarse una falta muy grave, esta podría constituir una causal de destitución. La investigación deberá establecer si la actuación cuestionada se ajustó a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y a los deberes funcionales del fiscal.
La medida representa una intervención disciplinaria de la JNJ sobre la actuación de un fiscal superior en un proceso relacionado con extinción de dominio. El resultado dependerá de las conclusiones que adopte la Junta durante la investigación.
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