Siguiendo con la dinámica de confrontación y supervivencia que ha caracterizado la política peruana durante los últimos tres años, el Presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, cumplió con exponer el pedido de cuestión de confianza ante el Pleno del Congreso de la República, recibiendo el voto aprobatorio de la mayoría de parlamentarios y parlamentarias, quienes tras largas horas de discusión ratificaron, para muchos, el nivel subterráneo de la mayoría de personajes políticos afincados en el Palacio Legislativo.
Lo cierto es que este resultado no es ninguna sorpresa, ya que, más allá de las declaraciones altisonantes y las interpretaciones constitucionales que se han escuchado durante los días pasados, queda claro que si algo en común tienen los actores políticos que protagonizan esta coyuntura es el interés en seguir manteniéndose en su cargo el mayor tiempo posible.
Es por ello que el otorgamiento de la confianza no hace sino alargar la crisis política, tanto por las dudas legales que persisten sobre los alcances y consecuencias constitucionales de los términos planteados por el Poder Ejecutivo, las reales convicciones reformistas del gobierno que se pondrán a prueba durante las siguientes semanas y la respuesta concreta que dará el Parlamento dominado por la mayoría aprofujimorista a los proyectos de ley que integran el paquete de reforma política.
A tenor de lo visto hasta ahora, los entendidos en la materia aseguran que nada indica que se produzca un cambio dramático. Al contrario, y tal como ocurrió anteriormente con el voto de confianza otorgado al anterior primer ministro César Villanueva, que trajo consigo la realización del referéndum, es probable que una eventual recuperación de la aprobación presidencial sea suficiente para que el Presidente Martín Vizcarra considere que tiene garantizada su estadía en Palacio de Gobierno hasta el año 2021.
LOS HECHOS
El Pleno del Congreso aceptó el miércoles la cuestión de confianza presentada por el presidente Martín Vizcarra, como parte de su plan para realizar reformas políticas que ayuden al país en su lucha contra la corrupción. El Congreso unicameral de mayoría opositora otorgó su respaldo al presidente con 77 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones.
La decisión permitiría a Vizcarra llevar a cabo una serie de reformas constitucionales que buscan, entre otras cuestiones, que se elimine el voto preferencial, la implementación de un Congreso bicameral (con senadores y diputados) y que se supervise la financiación de las campañas políticas.
Como se sabe, la cuestión de confianza es un mecanismo constitucional que, de haber sido negado, podría haber causado el cierre del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas. Este mecanismo es una respuesta directa a la cámara, a la que Vizcarra ha acusado anteriormente de boicotear sus iniciativas de reforma política.
El presidente dijo en un tuit que «el rumbo trazado continúa» y que su gabinete sigue «trabajando y poniendo como siempre #ElPerúPrimero». En septiembre de 2018, Vizcarra presentó el mismo mecanismo, luego de varias semanas sin ver avances en los proyectos de reformas anticorrupción que había presentado al Legislativo.
Por esta razón, algunos no consideran la victoria de este miércoles como una garantía de que esta vez podrá concretar sus planes.
LOS PROYECTOS
Como parte de la cuestión de confianza solicitada por el Poder Ejecutivo, el primer ministro Salvador Del Solar asistió a la sesión del Pleno convocada en el Congreso. En la presentación, Del Solar sustentó cinco proyectos de ley –cuatro de ellos estancados en las comisiones donde se debaten– sobre reforma política en el Estado Peruano.
Las iniciativas incluidas en el pedido de cuestión de confianza buscan el fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción en el país, según el oficio enviado por Del Solar al presidente del Congreso, Daniel Salaverry.
El Pleno del Congreso de la República aprobó la cuestión de confianza pedida por el Ejecutivo. Como se sabe, cada uno de los proyectos del Ejecutivo buscan ser aprobados antes del 26 de julio, fecha tope considerada por Salvador Del Solar durante su exposición en el Parlamento.
El primer proyecto de ley plantea modificar los impedimentos para ser candidato a cualquier cargo de elección popular. La iniciativa, ingresada el último 10 de abril y hoy estancada en la comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento (presidida por Rosa Bartra), indica que quienes tengan una sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso con pena mayor de cuatro años, no puedan postular a ningún tipo de proceso electoral.
El segundo proyecto también incluye una iniciativa que promueve la democracia interna y la participación ciudadana en la selección de candidatos en agrupaciones políticas. El proyecto propone que sea obligatoria la realización de elecciones internas, organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Desde el 12 de abril, esta iniciativa está en la comisión de Constitución y Reglamento.
La tercera iniciativa propone una mejora en la rendición de cuentas de las agrupaciones políticas, principalmente durante las campañas. Asimismo, el proyecto plantea sanciones administrativas, penales y políticas por el incumplimiento de la norma. La propuesta permanece sin avances en la comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el congresista Alberto Oliva, de Peruanos por el Kambio.
El otro proyecto que se encuentra paralizado en el Parlamento plantea una modificación a la Ley Orgánica de Elecciones sobre el Sistema Electoral Nacional. La iniciativa propone la eliminación del voto preferencial en las listas parlamentarias y la paridad de género en la conformación de listas para el Congreso. A la fecha, también está pendiente en la comisión que preside Bartra.
En el pedido de confianza también se cita una quinta propuesta que fue presentada previa a la exposición de Salvador Del Solar en el Pleno. El proyecto propone una reforma en la Constitución para que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria se realice por un órgano distinto al Congreso. El último 17 de mayo, el Pleno archivó una propuesta similar del Ejecutivo.
CRISIS POLÍTICA
Nuestro país vive una tensa coyuntura política, pues altos mandatarios del país han sido centro de grandes escándalos de corrupción durante los últimos años. El propio Vizcarra asumió la presidencia en marzo de 2018, luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en medio de acusaciones de corrupción.
Anteriormente, vivimos la encarcelación preventiva de un expresidente (Ollanta Humala), el arresto de otro que desde entonces no ha regresado a suelo peruano (Alejandro Toledo), y se iniciaron investigaciones contra otro exmandatario (Alan García), que se suicidó en abril, cuando un fiscal acudió a su casa con una orden de detención preventiva por lavado de activos.
A esto se ha sumado la publicación de grabaciones en las que se podía oír a miembros del poder judicial en presuntas negociaciones sobre nombramientos y sentencias.
Este caso, conocido como «LavaJuez» o «CNMaudios», se sumó a las revelaciones en torno a la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que también ha salpicado a otros países de la región como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Venezuela.
*Con información de la BBC, NoticiasSer y Ojo Público
