Redacción: Jessimiel Rosas
Una madre de familia fue sentenciada por agredir física y psicológicamente a su hija adolescente en Arequipa. El caso está vinculado al rechazo de la madre a la identidad de género de la menor. El Poder Judicial dictó una reserva de fallo condenatorio y estableció reglas de conducta por un periodo de un año y seis meses.
Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2023. La agresión se produjo en las inmediaciones de un terminal de transporte público en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Según la investigación fiscal, madre e hija sostuvieron una discusión que derivó en violencia física.
Durante el altercado, la mujer jaloneó y golpeó a la adolescente. Las lesiones requirieron atención médica. Además, la menor sufrió violencia psicológica de manera reiterada. La madre se negaba a reconocer su identidad y utilizaba su nombre biológico para desvalorizarla.
Investigación y reconocimiento del delito
La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa reunió pruebas sobre lo ocurrido. La fiscal a cargo del caso sustentó la acusación con elementos que acreditaron la agresión.
Ante ello, la imputada decidió acogerse a la conclusión anticipada del proceso. De esta manera, reconoció su responsabilidad en los hechos. Esta decisión permitió una resolución más rápida del caso en sede judicial.
El juzgado dispuso medidas orientadas a evitar nuevos episodios de violencia. Entre ellas, la obligación de participar en un programa especializado para el control de la ira y la agresividad. También deberá pagar una reparación civil a favor de la adolescente.
Reglas de conducta y consecuencias
La sentenciada deberá presentarse cada tres meses ante el juzgado para registrar su firma. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales En caso de incumplimiento, la mujer podría enfrentar una pena efectiva.
La sanción prevista supera el año de prisión y alcanza un año, nueve meses y quince días. El fallo establece un precedente en la protección de adolescentes frente a la violencia familiar. También reafirma la obligación de respetar la identidad de género y garantizar los derechos de las personas en el entorno familiar.
