Escribe: Zenaida Zea Olivera
Han transcurrido dos años desde aquel fatídico 18 y 19 de enero, cuando la vida de dos ronderos se apagó a manos de miembros de la Policía Nacional del Perú en la ciudad de Macusani, provincia de Carabaya.
La muerte de los ronderos Sonia Aguilar Quispe (35) y Salomón Valenzuela Chua (30) sigue siendo un dolor perenne en la memoria de sus seres queridos. Han pasado dos años de una lucha incansable de sus deudos por alcanzar justicia, una justicia que el régimen de Dina Boluarte y algunos congresistas intentan arrebatarles.
El 18 de enero de 2023, ambos fueron abatidos por policías de la comisaría de Macusani (Carabaya) durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte. Sonia murió a causa de una bala en la cabeza, mientras que Salomón pereció al día siguiente, tras una penosa agonía: un traumatismo torácico abierto por proyectil de arma de fuego le quitó la vida.
TRISTE RECUERDO
Al recordarse dos años de esta fatídica fecha, diversas organizaciones de la sociedad civil, colectivos sociales y defensores de los derechos humanos han emprendido una serie de actividades para generar conciencia y exigir que estas muertes no queden impunes. Los huérfanos de las víctimas, junto con sus familiares, lideraron acciones como vigilias, pasacalles y otras manifestaciones.
“Es muy difícil para nosotros, pero seguiremos en pie de lucha y nos mantendremos fuertes hasta que los responsables paguen”, expresó entre lágrimas Betty Aguilar Quispe, hermana de Sonia.
Ella, con el apoyo de sus padres, se encarga de sus sobrinos, de 7 y 9 años. Además, aboga por Salomón Valenzuela, natural de Ituata, quien dejó cuatro niños huérfanos.
Además del dolor que cargan, las familias de los fallecidos deben enfrentar la estigmatización constante por parte de algunos miembros del Gobierno, del Congreso y otros actores. Calificativos como “terroristas” y “revoltosos” empañan su honra y los dejan vulnerables ante una sociedad indolente y poco empática.
“El 18 de enero, a las 4:48 de la tarde, hablé por última vez con mi hermana. ‘Te quiero’, me dijo. Lucharemos hasta alcanzar justicia, para que esto no se repita y ninguna familia tenga que pasar por este dolor”, expresó Betty Aguilar.
ACCIONES
Héctor Aguilar Narváez, consejero por la provincia de Carabaya y primo de Sonia, indicó que se aprobó el Acuerdo Regional N° 148, para que los deudos de los fallecidos puedan alcanzar justicia.
La Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero en Juliaca, presidida por Raúl Samillán, ha acompañado a los familiares desde que comenzaron su lucha. Ha sido la organización más activa y diligente en este proceso de solidaridad y acompañamiento.
INVESTIGACIONES
El Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip), a través de la fiscal Nancy Chávez Torres, ha tipificado el caso como delitos en las modalidades de homicidio calificado y lesiones graves con subsecuente muerte. A principios de este año se cumplió la etapa de investigación preliminar, pero esta se ha ampliado por ocho meses más.
César Quispe Calsín, uno de los abogados del equipo de defensa legal, señaló que, a pesar de las trabas puestas por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se ha avanzado con la denuncia a 24 miembros de la Policía, incluidos algunos jefes policiales de la cadena de mando. Estos se encuentran impedidos de salir del país.
“Estamos solicitando entre 25 y 30 años de cárcel, y esperamos que hasta el más alto mando, Dina Boluarte y Alberto Otárola, también sean sentenciados”, agregó el letrado.
Añadió que hay 72 carpetas fiscales por las muertes ocurridas durante las protestas, y se siguen recabando elementos de convicción.
Por su parte, el abogado Andy Grover Luque Ticona, hizo un llamado a la unión de la ciudadanía ante la campaña de desprestigio contra las víctimas por parte del Gobierno, el Congreso y algunos sectores. “Invoco a la unión, la reflexión y la empatía”, enfatizó.
Dato
La investigación preparatoria se amplió por ocho meses con 24 policías denunciados, quienes no pueden salir del país. Las familias enfrentan una lucha incansable contra la impunidad, entre el dolor y la estigmatización.
Cifra
05
De febrero es el aniversario de la provincia de Carabaya y se ha anunciado el arribo de los congresistas de la República, sin embargo, esta posibilidad ha sido rechazada.
