El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue enviado a prisión preventiva por cinco meses, según dictaminó el juez Jorge Chávez Tamariz el 13 de agosto de 2025. La medida, ordenada por el Poder Judicial, responde a investigaciones por presunto cohecho pasivo propio durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011- 2014).
La Fiscalía, liderada por Germán Juárez, acusa a Vizcarra de recibir sobornos por S/2.3 millones (unos $611,000) de las empresas Obrainsa e ICCGSA a cambio de favorecerlas en las adjudicaciones de los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
El juez argumentó riesgo de fuga y falta de arraigo laboral y familiar sólido, desestimando contratos presentados por la defensa, ligados a la empresa de su esposa y su partido Perú Primero.
Vizcarra, quien se declaró inocente, expresó confianza en el Poder Judicial antes del fallo, pero fue trasladado a la carceleta judicial y se espera su ingreso al penal de Barbadillo, donde están recluidos otros expresidentes.
La Fiscalía busca una condena de 15 años, respaldada por testimonios de colaboradores eficaces. La defensa apelará, cuestionando la imparcialidad del juez y la validez de las pruebas. Esta decisión frena las aspiraciones políticas de Vizcarra, quien buscaba candidatearse en 2026 pese a inhabilitaciones del Congreso.
