Los Andes tuvo acceso a documentos que prueban la existencia de más presuntos falsificadores en el proyecto «Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras en el Perú» (PTRT3).
Efraín Mullisaca
El técnico de campo, Efraín Mullisaca Ituzaca, recibe un sueldo mensual de 7 mil soles y tiene un contrato de 3 meses en el presente año.
Para acceder a su cargo, se valió de un certificado de trabajo emitido por Grupo Nativa Exteriores S.A.C. En dicho certificado se detalla que el aludido trabajó en el área de equipo topográfico desde el 1 de febrero del 2021 hasta el 30 de agosto del 2023.
Cuando se verifica la actividad comercial del Grupo Nativa, registrada en la SUNAT, se encuentra que la inscripción de esta empresa se realizó el 20 de marzo del 2022 y tampoco registra trabajadores o prestadores de servicios.
Entonces, no se explica cómo es que Efraín Mullisaca dijo haber laborado desde el 2021, puesto que la empresa no existía sino hasta marzo del año siguiente.
Rosmery Cayo Quispe
El segundo caso está vinculado a la profesional Rosmery Cayo Quispe, quien tiene un contrato por 90 días con un pago de 10 mil 500 soles por el servicio de operador CAD/GIS.
Para acceder a su puesto, se valió de un certificado de trabajo por supuestamente haber laborado como especialista en Digitación de Planos con el programa CAD y análisis geoespacial con el programa GIS.
El certificado concuerda con lo exigido para su cargo; sin embargo, fue emitido nada menos que por una empresa lechera, lo cual plantea la pregunta de por qué una empresa de tal naturaleza necesitaría un especialista en manejo de programas para planos catastrales.
Efectivamente, mediante la consulta RUC a dicha empresa, se especifica que su actividad económica es el cultivo agrícola y la cría de animales, así como la venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos.
Ahora, si uno analiza los certificados, encuentra incoherencias, como la denominación del año, pues el certificado emitido en el año 2023 lo denomina como «Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional», cuando en realidad era «Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo».
Por supuesto, nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda voluntaria o involuntaria del personal del Gobierno Regional de Puno, el cual propone el personal para que el Gobierno Central financie sus plazas.
Denuncias
Estos casos se suman a más de una docena revelados por este matutino. Hasta el momento, hay dos denuncias que se investigan en el Ministerio Público con respecto a los contratos elaborados en 2023 y 2024.
En tanto, el gobernador regional Richard Hancco ha optado por desviar la atención y responder solo por los resultados de este programa, ignorando las graves irregularidades que han perjudicado a profesionales realmente calificados., quienes fueron desplazados, a su decir, por burdos falsificadores.
