Con el lema “el agua es para el pueblo y no para la minera”, cientos de manifestantes de Mejía y del Valle de Tambo, liderados por la alcaldesa de Mejía, Diana Sosiree Aspilcueta Cáceres y el alcalde provincial de Islay, Richar Ale Cruz, impidieron la inspección de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en la Laguna Centenario.
Esta acción buscaba evaluar las aguas residuales que Southern Perú solicita para el proyecto Tía María, que pretende utilizar aproximadamente un millón de metros cúbicos anuales de aguas residuales del fundo “El Lobito” para forestación y riego.
Los vecinos sostienen que este recurso es vital para el ecosistema las Lagunas de Mejía, reconocidas por su valor ecológico.
Aspilcueta advirtió sobre el riesgo de intrusión marina y afirmó: “No vamos a permitir que se toque ni una gota de agua de Mejía”.
Además, destacó que el Decreto Supremo N° 006-2021 protege los humedales y exige estudios hidrológicos antes de cualquier autorización. La comunidad ha solicitado ser parte de futuras inspecciones, preocupada por las consecuencias del proyecto minero.
Dato
Este sería el cuarto cambio en la matriz hídrica de Tía María a pesar de que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado exige el uso de agua desalinizada.
Por: Los Andes
