Escribe: Edgard Norberto “Beto” Lajo Paredes
Con Resolución Viceministerial N° 0067-2011-ED aprueban las “Normas y Orientaciones para la Organización e Implementación de los Municipios Escolares”; el literal c) del artículo 53 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, textualmente, dice:
“Artículo 53.- El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le corresponde:
a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y adecuada orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer de alternativas para culminar su educación.
b) Asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje, así como practicar la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica en la relación con sus compañeros, profesores y comunidad.
c) Organizarse en Municipios Escolares u otras formas de organización estudiantil, a fin de ejercer sus derechos y participar responsablemente en la Institución Educativa y en la comunidad.
d) Opinar sobre la calidad del servicio educativo que recibe.
e) Los demás derechos y deberes que le otorgan la ley y los tratados internacionales”.
Es objetivo del Municipio Escolar “Crear en las Instituciones Educativas espacios que promuevan prácticas de organización y participación democrática, que inicien a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos”.
El MINEDU, cada año (octubre o noviembre), realiza comicios para elegir al alcalde o alcaldesa, regidores y regidoras, de los Municipios Escolares de las II EE públicas.
Corresponde a los Gobiernos l ocales provinciales y distritales, emitir ordenanzas municipales, acuerdos de concejo y decretos de alcaldía, de promoción y fortalecimiento institucionales de los municipios escolares, a fin, sean, auténticos semilleros de líderes demócratas, ciudadanos calificados, como de futuros gobernantes transparentes.
Hagamos de los colegios del pueblo, escuelas de formación para la democracia ciudadana, preparación del buen gobierno, como de combate a los vicios y anomias; a fin, de erradicar la degradación social y la continuidad de la corrupción estatal.
