Por: Oscar Pareja Castro
El gobierno nacional de la presidenta Dina Boluarte se ha esforzado en estos últimos meses en tapar el sol con un dedo, sí, con el dedo del ministro Juan José Santiváñez, cuestionado funcionario que en lugar de atender su sector, se ha dedicado a ser el cancerbero político incondicional de la mandataria.
Como era previsible, lo que se ha generado con esta seria omisión es el desborde de una ola delincuencial a nivel nacional, donde el sur no es ajeno, exactamente Arequipa, con cada vez más extorsiones, pero que por temor no son denunciadas. Santiváñez, quien hoy por hoy es un personaje caricaturesco, en los últimos días ha hecho el ridículo al detener y presentar a todo el país a Iván Quispe Palomino como el “número 2 de Sendero Luminoso”, lo cual fue falso.
El Poder Judicial determinó que se trata de una persona diferente al requisitoriado Demetrio Víctor Quispe Palomino. Quispe tuvo que ser liberado y pese a este garrafal error, Santiváñez sigue firme en el cargo. Así como se maneja estos temas en materia de terrorismo, no hay que ser genio para conocer cómo es que el Ejecutivo trabaja para mitigar la inseguridad en el país, con picos crecientes de criminalidad y delincuencia.
Producto de ello, esta semana en la capital se realizará una masiva paralización en contra del Gobierno exigiendo verdaderas estrategias de lucha contra el crimen organizado. Si bien la medida ha sido emprendida por el sector transporte, para esta tercera jornada se sumarán otros rubros económicos que también son víctimas de la delincuencia y el sicariato porque la percepción de inseguridad es alta.
En el sur, exactamente en Arequipa, la extorsión viene ganando terreno, aunque las estadísticas no lo reflejen así, porque las víctimas prefieren no denunciar al considerar que algunas organizaciones tienen tentáculos en la propia Policía. Sin embargo, lo más recurrente para no denunciar las extorsiones es la exposición a la que se arriesgan los empresarios o comerciantes, porque consideran que las investigaciones policiales nunca llegan a buen puerto.
A este ritmo con la inseguridad creciente, se estima que en los próximos años la economía en el Perú sufra un grave descenso estrepitoso al no garantizarse las inversiones privadas, un retroceso sobre el cual el gobierno de Boluarte no hace nada porque está más ocupada en mantenerse en el poder gracias al Congreso y alargar su cuota de poder para frenar las numerosas denuncias penales en su contra.
Así es el sombrío panorama del país en materia de seguridad por estos días conducido por el gobierno negacionista de Boluarte, que nos recuerda al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, quien pospandemia como general de Arequipa, minimizaba el incremento de la delincuencia en la ciudad.
