Escribe: J. Carlos Flores Vargas
El ciudadano Michel Quispe Cornejo, proveniente de Amantaní, denunció que vive una persecución política toda vez que participó en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte luego del derrocamiento de Pedro Castillo.
Según sostuvo, organizó ollas comunes y participó en las marchas con gritos, lo que no constituye delito de disturbios.
Cabe indicar que el texto del código penal indica sobre del delito: “El que, en una reunión tumultuaria, atenta contra la integridad física de las personas y/o mediante violencia causa grave daño a la propiedad pública o privada será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa” y luego enumera las circunstancias agravantes.
Según sostiene el afectado, en ningún momento causó daños a la propiedad o a alguna persona mientras protestaba.
Sobre todo, organizó ollas comunes para alimentar a los protestantes que paralizaron Puno en los primeros meses del año 2023.
“Repartía bolsas para los hermanos del campo, luego la Policía me detuvo y los efectivos indicaron que alimento la protesta”, dijo.
Agregó que la carpeta fiscal abierta contra él se encuentra en Lima y que si quiere saber algo de su proceso debe viajar con gran perjuicio de su economía.
Finalmente reiteró que no ocasionó destrucción o daño alguno.
Dato
Según indicó, la investigación está aún en fase preliminar y fue citado para declarar en la Fiscalía.
