San Román. Los dirigentes de la ciudad de Juliaca cuestionaron la actitud del gobierno de Dina Boluarte sobre las convocatorias a las diligencias del Ministerio Público, por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en su modalidad de afiliación a una organización terrorista.
Expresaron que este hecho es una clara muestra persecución política a los representantes de la sociedad civil, con la finalidad de acallarlos y evitar protestas.
El dirigente Pedro Jallurana Jiménez, expresidente de la Federación Regional de Transportistas, expresó que en su caso fue citado como testigo, pero no descarta interponer alguna acción penal pues se atenta contra la libertad de la persona.
Asimismo, dijo que esta intervención sería a raíz de las protestas sociales de enero del año pasado, y que serían un total de 25 los dirigentes en el departamento que serían perseguidos por la justicia.
