Lima. La congresista Norma Yarrow presentó un proyecto de ley para simplificar los procedimientos de cooperación jurídica internacional en materia de extradiciones y el traslado de personas condenadas, para evitar la impunidad.
Con ese propósito, el proyecto de ley modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo a fin de precisar que será función del presidente de la República conceder la extradición, previo informe de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, modifica el Código Penal para disponer que el Gobierno decida la extradición, pasiva o activa, mediante resolución suprema expedida con refrendo del ministro de Justicia y Derechos Humanos y del ministro de Relaciones Exteriores, previo informe de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas.
De esta manera se omitiría “la participación del Consejo de Ministros en la concesión o no de estos actos”.
Una vez decidida la extradición, “se comunica a la Fiscalía de la Nación y al Estado requirente, mediante vía diplomática, y a la Interpol. En la comunicación al Estado requirente se consignan las condiciones que se hayan establecido al momento de conceder la extradición”.
