Reforma constitucional aprobada en el Referéndum genera controversia

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La mayoría de los peruanos y de nuestra región, aprobó en el referéndum la creación de la Junta Nacional de la Justicia (JNJ), la reforma para regular el financiamiento de los partidos políticos y la no reelección de los congresistas, de acuerdo a los primeros resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Junta Nacional de Justicia
A través de esta reforma constitucional se reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la cual se encargará del nombramiento y ratificación de jueces y fiscales, así como de las sanciones para los vocales supremos y fiscales supremos.

Estará conformada por siete personas, quienes tendrán un periodo de cinco años de gestión y serán elegidos por concurso público de méritos a cargo de una comisión especial.

Para postular se requiere ser peruano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años y menor de 75, ser abogado con 25 años de experiencia comprobada o 15 años de labor de investigación en materia jurídica, no tener sentencia condenatoria firme o por delitos dolosos, y poseer reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad.

No obstante, según el analista político puneño Julio Cerdán, esta es una de las reformas más controversiales, debido a que, merced a su normativa, los representantes de la JNJ serán elegidos por 7 personas, entre ellos el actual fiscal Pedro Chávarry, quien es duramente cuestionado por los máximos detractores de los actos de corrupción.

“Todavía hay mucho trabajo que hacer; si bien se han aprobado estas reformas, nada garantiza que sea beneficioso para el Perú; sobre la JNJ, votamos por una reestructuración, pero resulta siendo lo mismo”, agregó.

Financiamiento de partidos
Esta reforma le da un rango constitucional al financiamiento de los partidos políticos, aspecto que estaba solo regulado a nivel de la ley.

Percy Medina, representante en el Perú de Idea Internacional, señaló que una de las novedades de la reforma es que prohíbe la posibilidad de que los partidos contraten publicidad para su campaña en radio y televisión, lo que evitará que busquen recursos privados para solventar sus campañas.

Además, considera la creación del delito de financiamiento ilícito a los partidos políticos con la idea de sancionar penalmente las conductas graves en ese sentido, y plantea que los aportes privados, un aspecto que ya figura en la norma, tendrán rango constitucional.

No reelección inmediata de congresistas
Dicha reforma tiene una sola disposición, que se agrega al artículo 90 de la Constitución, referida al Poder Legislativo, que considera que “los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo, de manera inmediata, en el mismo cargo”.

La Constitución actual permite que los congresistas de un Parlamento, con una sola cámara, puedan reelegirse en el mismo cargo de manera inmediata y consecutiva. Con la reforma, se extiende a los congresistas la limitación del derecho a ser elegido, lo que es vigente para los alcaldes y gobernadores regionales.

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