Redacción: Diario Los Andes
Una de las candidaturas que se separaron del resto en la senda electoral es la impulsada por Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Con un discurso “castillista”, promete la liberación de Pedro Castillo y asegura que lo imita incluso en sus actos simbólicos, como el uso del sombrero y su ruta política, buscando conectar con ese sector del electorado. Sin embargo, su candidatura no está exenta de contradicciones y cuestionamientos que marcan su trayectoria política.
¿SALVADOR?
Durante el gobierno de Castillo, Sánchez ocupó el cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo entre julio de 2021 y diciembre de 2022. No obstante, el 7 de diciembre de 2022, día del intento de autogolpe, presentó su renunci a irrevocable al cargo rápidamente, marcando un quiebre con el entonces mandatario. Ese mismo día, en el Congreso, optó por abstenerse en la votación de vacancia que culminó con la destitución de Castillo. Este hecho ha sido utilizado por sus críticos como evidencia de una ruptura política.
A pesar de ello, en la campaña de 2026, Sánchez ha adoptado una narrativa distinta: exige la liberación de Castillo, lo reivindica como símbolo popular y busca captar ese electorado. El congresista Alex Flores, otrora compañero, ha calificado esta postura como un “doble rasero”. Mientras que sus partidarios, como Jaime Quito (candidato al Senado nacional por JPP), aseguran que el expresidente perdonó a Sánchez y respaldó a la plancha presidencial del partido.
DENUNCIAS
Se detectó la contratación de allegados de Sánchez mediante el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), con remuneraciones que alcanzaban los S/ 15,000 mensuales, sin procesos de selección transparentes. En paralelo, la Fiscalía mantiene investigaciones por presuntos recortes de hasta el 10 % del salario a trabajadores del sector, a cambio de mantener sus contratos, lo que podría configurar delitos como peculado y administración fraudulenta. Es decir, se le investiga por “mochasueldo”.
La Fiscalía lo incluyó en una investigación por presuntos delitos de organización criminal y otros en la era Castillo, por ofrecer dinero a la esposa de Bruno Pacheco, para que mantenga su silencio durante las investigaciones a Pedro Castillo. También se le atribuyen iniciativas legislativas que habrían favorecido a sectores de la minería informal, como la prórroga del Reinfo y ser coautor de una norma que despenaliza y evita sanciones a mineros que usen materiales explosivos sin permiso.
