La serie de citaciones judiciales y notificaciones fiscales contra dirigentes y autoconvocados que participaron en las manifestaciones contra Dina Boluarte han evidenciado un posible uso político del sistema de justicia.
Un ejemplo de ello es el caso de Claudio García Choqueluque, dirigente de Chilla en Juliaca (San Román), quien ha sido citado para una audiencia de juicio oral programada para el 31 de julio.
García tiene un proceso de investigación por afiliación a un grupo terrorista y entorpecimiento de la función pública debido a su participación en movilizaciones del año 2017, y especialmente por su papel en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
Existen al menos medio centenar de dirigentes del sur peruano, muchos de ellos puneños, que tienen carpetas fiscales abiertas en las que se les investiga por terrorismo, disturbios u obstrucción a funcionarios públicos.
Las pruebas contra ellos son informes periodísticos y testimonios de personas cuya identidad se mantiene en reserva, lo cual genera extrañeza, ya que los procesos penales generalmente se abren con pruebas e indicios medianamente sólidos.
Otro aspecto que también evidencia el uso político del sistema de justicia es la comparación entre la rapidez con que se procesa a los dirigentes y la lentitud con la que se procesa a policías y funcionarios de gobierno implicados en las matanzas de manifestantes.
Por supuesto, la notificación de dirigencias justamente a pocos días de las movilizaciones de Fiestas Patrias es otro de los hechos que dan cuenta de este uso político.
