Redacción: Diario Los Andes
Los ciudadanos de Juliaca iniciaron la campaña “Ni mi voto, ni mi firma” como medida de rechazo al proceso electoral que consideran ilegal y fraudulento. La protesta surge en un contexto de descontento social, vinculado a la represión ocurrida en 2023 que dejó 49 muertos, cuyos familiares exigen justicia y responsabilizan al sistema político por la falta de legitimidad.
Ana Karina Ramos, vocera de la campaña, afirmó que “no iremos a urnas manchadas de sangre”, respaldándose en el artículo 46 de la Constitución, que anula los actos de gobiernos usurpadores, considerando así a Dina Boluarte y a su administración como ilegítimos. La iniciativa busca boicotear las elecciones y visibilizar la indignación ciudadana frente a lo que califican de fraude sistemático.
El abogado Pablo Soncco Roldán denunció que la ley de bicameralidad permitirá que el Senado quede en manos de lo que denomina la “mafia política”, mencionando a figuras como López Chau y Acuña, quienes ya son senadores y postulan a la presidencia. Según Soncco, un Senado controlado por intereses corruptos bloqueará cualquier cambio político.
Los manifestantes extienden su desconfianza a los 36 partidos inscritos, acusándolos de manipular el proceso electoral. “Los muertos de Puno votarán ese día”, ironizaron, haciendo referencia a presuntos fraudes históricos. Por su parte, Amaru Inca Kuntur-ri Manko denunció que la “mafia fujimorista” busca manipular las elecciones como en los años 90, usando medios tradicionales para desinformar, aunque destacó que las redes sociales permiten al pueblo informarse de manera más directa.
La campaña “Ni mi voto, ni mi firma” busca mantener viva la memoria de las víctimas y presionar por elecciones transparentes, dejando en claro el rechazo ciudadano a un sistema que muchos consideran ilegítimo y marcado por la violencia política.
