Redacción: Diario Los Andes
El Gobierno Regional de Arequipa (GRA), declaró la nulidad de oficio del procedimiento de contratación directa para la supervisión y liquidación de la obra vial Majes- Lluta-Huambo, tras detectarse graves fallas legales en la aplicación de la normativa de contrataciones públicas.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución Gerencial General Regional N.° 061-2026- GRA/GGR, firmada el 3 de febrero de 2026 por la Gerencia General Regional, luego de que la Oficina Regional de Asesoría Jurídica (ORAJ) adivirtiera que la causal invocada para justificar la contratación directa no estaba debidamente configurada, lo que vulneraba la legalidad del proceso.
El procedimiento anulado corresponde al Proceso No Competitivo N.° 066-2026-GRA-1, cuyo objetivo era contratar la consultoría para la supervisión y liquidación de la obra «Mejoramiento de la transitabilidad de la vía departamental AR- 109», en los distritos de Majes, Lluta y Huambo, provincia de Caylloma, por un monto de S/ 6,478,650 con un plazo de 630 días calendario.
Según informes legales, el GRA intentó sustentar la contratación directa alegando la exitencia de un contrato previo declarado nulo. No obstante, dicho contrato suscrito el 03 de setiembre del 2025 con el Consorcio Supervisor Caylloma, fue anulado el 23 de octubre del 2025, tras comprobarse que el proveedor estaba impedido de contratar con el Estado y que además, no llegó a ejecutarse.
La ORAJ precisó que las acciones realizadas hasta ese momento, como entrega de documentos, comunicaciones de inicio y recorridos por la obra, no constituyen supervisión efectiva, ya que no existieron informes técnicos ni control real de la ejecución. Pese a ello, se otorgó la buena pro al Consorcio Huambo Caylloma, replicando el monto de plazo del contrato previamente anulado, lo que agravó las observaciones legales.
Ante esta situación, se dispuso retroceder el proceso hasta la etapa de convocatoria y remitir el expediente a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos, a fin de evaluar eventuales responsabilidades administrativas.
