Redacción: Jessimiel Rosas
El Gobierno dispuso la prórroga del estado de emergencia en diversos distritos de las regiones Piura, Ayacucho, Cusco y Junín por un periodo de 60 días calendario, con el objetivo de reforzar las acciones contra el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos que afectan la seguridad ciudadana.
La medida fue oficializada mediante los Decretos Supremos N.° 063-2026-PCM y N.° 064-2026-PCM, publicados en el diario oficial El Peruano. Las disposiciones establecen la continuidad de operaciones especiales en zonas consideradas de alta incidencia delictiva.
De acuerdo con la norma, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. Las intervenciones se ejecutarán sobre la base de labores de inteligencia, estadísticas, indicadores y mapas del delito para focalizar las acciones en los sectores con mayor riesgo.
Alcances en Piura
El Decreto Supremo N.° 064-2026-PCM comprende los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos, en la provincia de Piura. También incluye los distritos de Sullana y Bellavista, además de las provincias de Paita y Talara.
Según el Ejecutivo, la medida busca continuar enfrentando delitos como sicariato, robo agravado, contrabando, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otras actividades vinculadas a organizaciones criminales.
Distritos del Vraem
A través del Decreto Supremo N.° 063-2026-PCM, el Gobierno también prorrogó el estado de emergencia en distritos ubicados en la zona del Vraem, en las regiones Ayacucho, Cusco y Junín. La disposición alcanza los distritos de Anco, Ayna, Santa Rosa, Samugari, Anchihuay, Río Magdalena y Unión Progreso, en la provincia de La Mar, región Ayacucho.
Asimismo, incluye Kimbiri, Villa Kintiarina, Villa Virgen, Echarate, Megantoni, Kumpirushiato, Cielo Punco y Manitea, en la provincia de La Convención, Cusco. También comprende Pangoa y Río Tambo, en la provincia de Satipo, Junín.
Operativos continuarán
El Ejecutivo precisó que las intervenciones deberán ejecutarse respetando los derechos fundamentales y la legislación vigente sobre uso de la fuerza. Con esta prórroga, las autoridades buscan garantizar la preservación del orden interno y reforzar la seguridad en zonas afectadas por el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
