La diputada Catherin Norma Palomino Casavilca, del grupo parlamentario Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley que busca derogar siete normas aprobadas por el anterior Congreso, al considerar que estas debilitaron las herramientas del Estado para investigar y combatir el crimen organizado.
Entre las normas figuran la Ley 31751, conocida como Ley Soto, y la Ley 32104, que limitaron a un año la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. También se incluye la Ley 31989, que redujo facultades de intervención de la PNP frente a la minería ilegal; la Ley 31990, que estableció plazos para los procesos de colaboración eficaz; y la Ley 32054, que eximió de responsabilidad penal a los partidos políticos.
El proyecto también cuestiona la Ley 32108, que modificó requisitos para configurar una organización criminal, y la Ley 32130, que trasladó parte de las diligencias preliminares del Ministerio Público hacia la Policía Nacional del Perú.
Redacción: Patricia Cari
