Nueve expertos internacionales afirman que la iniciativa legal podría vulnerar los derechos humanos, debilitar el control ambiental y criminalizar las protestas en el Perú.
Expertos expresan preocupación por permisos ambientales automáticos y uso de las Fuerzas Armadas
Nueve relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviaron una carta formal al Gobierno peruano expresando su inquietud por el proyecto de delegación de facultades legislativas. Los especialistas advirtieron que la norma impactaría negativamente en los derechos humanos de pueblos indígenas, comunidades campesinas y poblaciones rurales.
Aunque respaldaron la simplificación de trámites administrativos, exigieron proteger los estándares ambientales y sociales.
Entre los puntos más críticos, los relatores cuestionaron la aplicación del silencio administrativo positivo para la aprobación de certificaciones ambientales. Explicaron que esta medida autorizaría proyectos de alto impacto sin evaluaciones técnicas previas ni participación ciudadana.
Asimismo, la ONU alertó que la modificación del Decreto Legislativo 1095 permitiría el despliegue militar en protestas sociales, además de habilitar el rastreo de celulares sin suficientes garantías de privacidad.
Ejecutivo califica de prematuras las advertencias y delega responsabilidad al Congreso
Los relatores formularon siete preguntas concretas para conocer los estudios técnicos del proyecto y las salvaguardas para los defensores de derechos humanos. Además, el documento alertó sobre la posible tipificación de organizaciones criminales como terroristas y el fortalecimiento sin fiscalización de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
Los expertos indicaron que estas figuras legales podrían estigmatizar el disenso y vigilar a dirigentes sociales.
El Gobierno peruano respondió a la ONU el 17 de septiembre a través de la Representación Permanente en Ginebra. El Estado sostuvo que las observaciones de los expertos son prematuras porque la iniciativa legal todavía pasa por el debate parlamentario.
La respuesta oficial no contestó los siete cuestionamientos específicos sobre el silencio positivo ni el uso de las Fuerzas Armadas, limitándose a detallar el trámite legislativo en el Congreso.
