El Senado aprobó delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 90 días para adoptar medidas frente a la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. La autorización permitirá al Gobierno emitir normas contra delitos como la extorsión, el sicariato y la ciberdelincuencia, en un contexto de creciente preocupación por la criminalidad que afecta a comerciantes, transportistas y familias peruanas.
Entre las medidas previstas figuran el fortalecimiento de la investigación criminal, el control de armas, la geolocalización de celulares vinculados a delitos y cambios en el sistema penitenciario. También se contempla modificar disposiciones legales para reforzar la respuesta penal frente a organizaciones criminales y limitar determinados beneficios procesales en delitos de alto impacto.
La delegación representa una oportunidad para reforzar la capacidad del Estado frente a las redes delictivas; sin embargo, el desafío será convertir las nuevas normas en resultados concretos para la población. La aplicación de las medidas deberá respetar los derechos fundamentales y estar sujeta a mecanismos de control, mientras la ciudadanía espera una respuesta efectiva frente a las amenazas y la violencia.
