El Poder Ejecutivo oficializó el Decreto Legislativo N.° 1744, que establece sanciones penales para las personas que faciliten sus cuentas bancarias, billeteras digitales u otros servicios financieros para recibir o transferir dinero obtenido mediante extorsiones. La medida busca combatir el financiamiento de las organizaciones criminales y alcanzar no solo a quienes cometen directamente estos delitos, sino también a quienes contribuyen a canalizar los pagos exigidos a las víctimas.
¿Quiénes serán sancionados por facilitar cuentas digitales?
La norma modifica el artículo 200 del Código Penal e incluye como conducta sancionable proporcionar, ceder o prestar cuentas bancarias, billeteras digitales o cuentas de dinero electrónico para recibir el dinero de una extorsión. La responsabilidad alcanza a quienes conocen el propósito delictivo de estas operaciones o deberían presumirlo, incluso cuando facilitan productos financieros de terceros.
De esta manera, quienes presten deliberadamente sus cuentas para canalizar el dinero exigido mediante amenazas podrían recibir la misma pena prevista para el delito de extorsión. La disposición apunta a cerrar una vía utilizada por las organizaciones criminales para recibir pagos y dificultar el rastreo de los fondos.
Decreto también endurece sanciones contra otros delitos
El Decreto Legislativo N.° 1744 contempla otras modificaciones al Código Penal para fortalecer la persecución de delitos violentos y del crimen organizado. Entre ellas figuran el incremento de penas por conspiración y ofrecimiento para cometer sicariato, así como mayores sanciones para integrantes de bandas criminales.
Asimismo, incorpora medidas contra la alteración de números de serie de armas de fuego y los reportes falsos de robo o pérdida de estos objetos. También modifica la Ley de Delitos Informáticos para sancionar nuevas modalidades de acceso ilícito a sistemas y amplía herramientas de investigación, como el acceso a datos de localización y geolocalización bajo los requisitos legales correspondientes.
La disposición fue publicada en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, como parte de las medidas aprobadas por el Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas delegadas para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.
R: Y.H.
