Acompañado por los gobernadores regionales de todo el país, el presidente de la República, Martín Vizcarra, planteó la cuestión de confianza para varios proyectos de la reforma política que propuso en abril. De obtener una negativa, podría disolver el Congreso.
En apenas once minutos, el presidente de la República, Martín Vizcarra, nuevamente encaró al Congreso, de mayoría fujiaprista- y lo puso entre la espada y la pared. Y es que anunció (y luego efectivizó) la presentación del pedido de confianza en torno a los proyectos de reforma política que planteó el Ejecutivo hace meses.
El jefe del Estado se presentó en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno, junto a su Gabinete Ministerial y a los miembros de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). “Respetando el sistema democrático, el Gobierno ha decidido presentar la cuestión de confianza al Congreso”, empezó.
Dijo que los legisladores tendrán que votar respecto a las políticas de estado del fortalecimiento institucional y de la lucha contra la corrupción, los cuales se resumen en cinco proyectos:
«Cambios en la inmunidad parlamentaria, que las personas condenadas no puedan ser candidatos, que cualquier ciudadano participe en la selección de candidatos de las organizaciones políticas, eliminar el voto preferencial y garantizar la participación política de las mujeres, y prohibir el uso de dinero sucio de las campañas electorales».
De esta manera, Vizcarra presentará por segunda vez, en menos de un año, una cuestión de confianza, en esta ocasión por la reforma política; la primera vez usó este recurso constitucional -en setiembre del 2018- para respaldar la reforma judicial.
Así pues, es evidente que el país ha alcanzado un nuevo pico de enfrentamiento político. Una situación que tiene como responsables a los dos poderes involucrados. Dicho esto, empero, es importante tomar en cuenta ciertos puntos básicos.
DAN PLAZO
A su turno, el premier Salvador del Solar, a través de un oficio, le dio un plazo al Congreso para que apruebe los proyectos del Ejecutivo. En el documento, señala como fecha máxima «al finalizar la presente legislatura» (el 15 de junio próximo) y advierte que «si el plazo es excedido, valoraremos que la confianza nos ha sido rehusada».
Previamente, le pidió al titular del Congreso, Daniel Salaverry, que fije día y hora para que pueda plantear una cuestión de confianza por la reforma política ante el pleno.
Las reformas constitucionales, es preciso mencionar, requieren la aprobación en dos legislaturas; en ese marco, Del Solar plantea dejarlas encaminadas con una primera votación en la actual legislatura.
SUSTENTO DE LA CONFIANZA
En el documento se argumenta la decisión de la Comisión de Constitución de archivar “aceleradamente” uno de los doce proyectos de reforma política presentados por el Ejecutivo: el relacionado a la inmunidad parlamentaria.
En ese marco, una cuestión de confianza permitirá “saber si contamos o no con el respaldo del Congreso” para sacar adelante los cinco proyectos de ley que son parte del “núcleo mínimo irrenunciable del paquete de reformas” presentado en abril.
Del Solar insistió en que la reforma “tiene que discutirse y deliberarse en el Parlamento”. Dijo que los proyectos no tienen que aprobarse “literalmente”, pero demandó que no sean desnaturalizados.
REPERCUSIONES
Para José Elice, director ejecutivo de Reflexión Democrática, el mensaje de Vizcarra llega en un momento crítico. “Ha sido una medida extrema, audaz y valiente”, dijo. Y agregó:
“Hay que considerar que, aunque la reforma política es importante, la ciudadanía está esperando acciones concretas en otros temas, como la mejora de los servicios, el destrabe de la inversión privada, la seguridad ciudadana y la simplificación de los trámites administrativos”.
De no darse la confianza, agregó Elice, cae el Gabinete, se toma como segunda negación de confianza y se aplican las reglas constitucionales. “Mientras tanto, la Comisión Permanente continúa funcionando, y de no realizarse nuevas elecciones dentro del plazo de cuatro meses, el Congreso recobra todas sus funciones”.
A su turno, la analista política de 50+1, Mabel Huertas, dijo que Vizcarra, al contar con los gobernadores regionales al momento de emitir su mensaje, le ha dicho al Congreso: “El Perú está conmigo”. Pese a ello, dijo que “podría tener consecuencias negativas a largo plazo que el presidente pida una cuestión de confianza en torno a los proyectos de ley para que sean aprobados tal cual”.
Jeffrey Radzinsky, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la UP, coincidió en que el Jefe de Estado “ha buscado fortaleza con los gobernadores regionales”. Vizcarra, añadió, “busca dar un mensaje político anticentralista y antilimeño. Ha dicho: ‘No estoy solo’”.
Según dijo, lo más importante es que se respete el marco constitucional. “Aquí no caben comparaciones con el 5 de abril de 1992. Ese fue un golpe y fue contra el mandato de la Constitución. No hay que confundir papas con camotes”, acotó.
APOYO NACIONAL
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), liderada por Mesías Guevara, se mostró a favor del planteamiento de la cuestión de confianza anunciado por el presidente Martín Vizcarra, por cinco proyectos de la reforma política.
A través de un comunicado, indicaron que «la reforma política es un mandato del pueblo que el Congreso de la República tiene que cumplir».
«Convivimos con una situación política muy inestable e incierta, poca claridad para encontrar una salida y débil voluntad de ciertos sectores de las representaciones políticas en el Congreso de la República por encontrar una solución sostenida, lo que agrava cada día la gobernabilidad de nuestro país», expuso el pronunciamiento.
«Consideramos que esta situación pone en riesgo el crecimiento de las inversiones públicas y privadas, desalienta la lucha contra la corrupción, alienta los conflictos en los territorios […] Casi tenemos la seguridad que todo ello no les interesa a algunos señores congresistas, pero para nosotros es muy importante porque las familias a quienes representamos nos exigen solución a sus problemas», añadieron.
Asimismo, sostuvieron que esta situación no permite que puedan atender los compromisos que asumieron en sus regiones como representantes.
«En nuestras regiones, los diferentes niveles de gobierno hemos asumido una serie de compromisos, cuyo cumplimiento se dificulta por esta situación y ello provocará el aumento de disconformidad, desaliento, resistencias y movilización social que no deseamos y que agudizará la situación», acotaron.
En ese sentido, la ANGR refirió que en la búsqueda de una salida se deben agotar las normas vigentes y realizar las reformas necesarias, «no oponernos a ellas y ponernos de espaldas a lo que la ciudadanía está demandando».
«Frente a esta situación, tenemos que actuar con mucha responsabilidad y absoluto patriotismo y respaldar a los más de 30 millones de peruanos usando mecanismos constitucionales para encontrar una salida, respetando el estado de derecho», finalizaron.
