En el II Foro Internacional Andino sobre Empresas y Derechos Humanos con Enfoque en Minerales de Transición, realizado el 18 de noviembre en la ciudad de Puno, los pobladores quechuas y aimaras, exigieron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) para abordar la contaminación de las cuencas con metales pesados y la vulneración de los derechos colectivos.
Situación de la exposición a metales y metaloides, proyecto de litio y uranio, derecho a la consulta previa y mesa de dialogo.
Los defensores y defensoras de la Madre Tierra de Puno, manifestaron su preocupación respecto a la exposición a metales pesados (arsénico, mercurio y otros metales) por consumir agua contaminada, proveniente de las cuencas Coata, Llallimayo, Jatun Ayllu, Ramis y Suches. Ante la crisis ambiental, solicitaron la pronta instalación de la Mesa Multiactor en Puno a cargo del MINJUSDH para abordar alternativas de solución donde participen empresas mineras, comunidades campesinas, organizaciones sociales e instituciones públicas. De esta forma lograr alcanzar la mitigación y remediación de las cuencas contaminadas y la atención integral de 716 mil 246 personas expuestas a metales pesados en todo el departamento de Puno.
Respecto a los proyectos mineros Falchani (litio) y Macusani (uranio) ubicados en la provincia de Carabaya, proyectos de propiedad de la compañía minera canadiense American Lithium con su filial Macusani Yellowcake S.A.C. en Puno-Perú, los investigadores Bladimir Martínez y Wyatt Gjullin, presentaron el estudio denominado “El rostro del litio y uranio en Puno: la cultura, salud, derechos de las comunidades y medio ambiente en riesgo”, develando que las concesiones mineras de Macusani Yellowcake se sobreponen en el nevado Quelccaya, glaciar tropical más grande del mundo; sitios de pinturas rupestres, declarados como Patrimonio Cultural de la Nación y sobre las cuencas Inambari, Urubamba y Azángaro. Expresaron que aún no existen normativas y reglamentos que garanticen el cuidado y protección de paisajes naturales, sitios arqueológicos, el agua y sobre todo la salud de las personas en un futuro implementación de los proyectos mineros.
Por su parte, Hna. Patricia Ryan de Derechos Humanos y Medio Ambiente, manifestó que para prevenir los impactos negativos en el ambiente y el respeto a los derechos humanos se debe promover la instalación de la Mesa Multiactor con participación no solo del gobierno y empresas, sino de pueblos originarios tal como lo establece el derecho a la consulta previa, libre e informada, estipulado en el Convenio 169 de la OIT.
Los defensores y defensoras ambientales, ratificaron estar cansados de entablar diálogo con las comisiones de alto nivel y mesas de trabajo entre comunidades campesinas y el Gobierno nacional, sin presencia de las empresas mineras, ya que no se ven resultados a favor de la población que lucha de forma permanente con la contaminación ambiental y contra la violación de los derechos colectivos, por ende, consideran que la única viabilidad será la inmediata implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en la región de Puno.
Implantación del PNA
Abel Gilvonio de CooperAcción, afirma que se debe exigir a las empresas mineras tomar en cuenta el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. La conducta empresarial que respete los derechos humanos y un ambiente sano solo será posible cuando se tenga una Ley nacional de la debida diligencia en el marco de los Principios Rectores de las Naciones Unidas y el PNA. Invocó a la sociedad civil a movilizarse en la construcción de una agenda nacional para que desde el Congreso de la República se promueva la Ley de debida diligencia.
Al respecto, Amanda Romero, del Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, afirma que las empresas mineras deben respetar el marco internacional como la Carta Internacional de Derechos Humanos, en su artículo 14, destaca la diligencia debida, el cual se basa en la responsabilidad de las empresas en respetar los derechos humanos. Además, los Principios Rectores de las Naciones Unidas vigente desde el año 2011, señalan que el Estado y las empresas deben proteger y respetar los derechos humanos, por ello las organizaciones originarias debemos exigir su cumplimiento.
Por su parte, Sergio Ruiz de Global Water Watch, planteó que, además de promover la implementación del PNA, la importancia de formar monitores y vigilantes ambientales comunitarios del agua, para generar alertas tempranas ante hechos de contaminación del agua en las cuencas, de esta forma fomentar la vigilancia de la conducta empresarial en el respeto de los derechos de los pueblos originarios.
Francisco Mamani Ortega, integrante del Ministerio de Justicia, refirió que actualmente se viene trabajando en la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos para concretar políticas públicas que conduzcan al Estado y a las empresas a hacer efectivo el cumplimiento y obligaciones en cuanto a derechos humanos. Destacó en el plan contiene 5 lineamientos estratégicos, 13 objetivos, 97 acciones, 149 indicadores, 11 sectores implicados, 20 entidades públicas y 24 temas de diagnósticos. Entre los principales objetivos se fundamenta la cultura de derechos humanos en relación con actividades empresariales.
Finalmente, desde el MINJUSDH se anunció que la implementación del PNA en la región de Puno se tiene previsto para febrero de 2023, donde la instalación de la Mesa Multiactor, que reunirá a los representantes de la sociedad civil, pueblos originarios y empresas contribuirá en la elaboración del Plan Regional sobre Empresas y Derechos para que se priorice y atienda las demandas de los pueblos aimaras y quechuas del departamento de Puno.
