Fuerzas Armadas controlarán Puno por 60 días más
J. Carlos Flores
El gobierno hizo oficial en la víspera el tercer Decreto Supremo que mantiene a los ciudadanos puneños con sus derechos limitados, mientras que las Fuerzas Armadas están a cargo de reprimir a los manifestantes.
Se trata del D.S. 070-2023-PCM, con el cual se suman otros 60 días a la declaratoria del estado de emergencia en la región de Puno, lo que limita los derechos a la inviolabilidad del domicilio, el tránsito, la reunión, la libertad y la seguridad personales.
Esta medida se dio en medio de los preparativos para más jornadas de protesta en la región, con miras a la denominada «Toma de Lima» contra el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola.
Según el analista político Eland Vera, esta medida refleja el temor del gobierno hacia las acciones que los ciudadanos puedan tomar en su contra, y tanto la presidenta como el premier temen ir a la cárcel por las matanzas, por lo que recurren a estas “emergencias” para mantenerse en el poder.
Remarcó que se trata de medidas propias de un régimen cívico autoritario, que reemplazó al régimen democrático, cuando el gobierno actual tomó el poder junto al Congreso de la República.
Por su parte, la congresista Ruth Luque opinó que «la excepcionalidad se convierte en la norma general para silenciar, limitar y restringir derechos. La nación aimara se moviliza por dignidad y eso jamás será entendido».
Cabe indicar que los ciudadanos puneños llevan 5 meses con restricciones de derechos, ya que el primer estado de emergencia entró en vigor el 5 de febrero, lo cual se amplió el 7 de abril y ahora prosigue desde el 6 de junio.
