Los Andes pudo acceder a documentos del juicio seguido contra militares involucrados en la matanza de seis juliaqueños aquel lejano 24 de junio del 2011, cuyos nombres no deben ser olvidados, así como los de sus victimarios, y más si en estos días se inició el juicio sobre el hecho.
HECHOS
Por esas fechas, la ciudad de Puno estaba ocupada por pobladores llegados del sur de la región para oponerse al proyecto de la minera Santa Ana, lo que motivó a miles de afectados por la actividad minera en el norte del altiplano a tomar sus propias medidas.
Las víctimas fueron Félix Edwin Yrpanocca Turpo, Petronila Coa Huanca de Quispe, Raúl Ccancapa Huaricallo, Antonio Campos Huanca y Gregorio Huamán Mamani, todos agricultores llegados la zona norte en plena efervescencia del movimiento antiminero.
Además, se han contado 25 personas con lesiones graves, los cuales también están dentro del proceso.
Los denunciados inicialmente fueron el general PNP Wilman Andía Benavides, su similar Herbert Raúl Rosas Bejarano, el coronel de la policía Manuel Guillén Haro, el coronel PNP Enrique Dávila Ordóñez y, finalmente, el coronel PNP Óscar Espinoza Herrera.
Sin embargo, solo llegaron a juicio el general -ya en retiro- Herbert Raúl Rosas Bejarano, Enrique Dávila Ordçoñez y Enrique Dávila Ordóñez. Se debe recordar que Wilman Andía se hizo conocido por evitar la represión en la ciudad de Puno.
Las evidencias incluyen testimonios, documentos y videos que muestran la brutalidad con la que se actuó durante la protesta. Un video en particular destaca la orden explícita de disparar a la cabeza de los manifestantes.
SITUACIONES CLAVE
El abogado de la defensa indicó que el caso avanzó gracias al fiscal inicial, Juan Salinas Cuadros, cuyo trabajo estableció las bases sólidas de la investigación. Posteriormente, el fiscal Ernesto Cayagua formalizó la acusación, permitiendo que el caso llegara a esta etapa crucial del juzgamiento.
Las familias de las víctimas han sufrido enormemente durante estos años, enfrentando pérdidas, dificultades económicas y la destrucción de sus hogares. Muchos han fallecido a causa de la pandemia, y los huérfanos han crecido sin apoyo adecuado.
En ese sentido, la Asociación de Víctimas ha formado una familia unida en la búsqueda de justicia, financiando su defensa y superando los desafíos con fe y determinación.
A lo largo de estos 14 años, además, el Estado no ha brindado el apoyo necesario, dejando a las familias desamparadas. Sin embargo, la lucha por justicia continúa, con la esperanza de que este juicio finalmente sancione a los responsables con todo el rigor de la ley.
