Especialista señala que exposición mediática podría afectar principio de presunción de inocencia
El caso denominado “Los mandachitos de la corrupción” viene generando una fuerte controversia jurídica debido a presuntas irregularidades en la investigación dirigida por la Fiscalía Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, encabezada por el fiscal Arturo Zirena Ascencio.
De acuerdo al análisis del abogado Cristhian Palomino García, existen cuestionamientos sobre una posible vulneración a los principios de legalidad, objetividad fiscal y debido proceso, debido a que la Fiscalía habría tenido conocimiento formal de los hechos desde mayo de 2025, pero el caso recién fue expuesto públicamente en abril de 2026, evidenciando una presunta dilación en las investigaciones.
CASO MEDIÁTICO
Asimismo, se cuestiona la inclusión mediática del alcalde de Puno, Javier Ponce Roque, y del regidor Jonathan Guerra Monzón, pese a que no existirían elementos de convicción suficientes
ni una imputación formal en sede judicial en su contra. Incluso, en la resolución que dictó 36
meses de prisión preventiva contra seis presuntos integrantes de la organización criminal, sus nombres no fueron considerados.
Palomino García sostiene que la exposición pública del caso podría afectar el principio de
presunción de inocencia y generar un perjuicio reputacional a la comuna puneña, además de
interpretarse como una presión indirecta hacia el Poder Judicial para la adopción de medidas coercitivas.
El análisis también advierte que la propia Policía informó que ya había remitido todos los elementos de convicción disponibles desde mayo de 2025, sin aportar nuevas pruebas que
vinculen directamente a las autoridades ediles investigadas.
Finalmente, el especialista considera que el caso plantea serios cuestionamientos sobre la actuación del Ministerio Público, especialmente por la posible mediatización de la investigación y el uso desproporcionado de mecanismos penales sin sustento probatorio concluyente, tal cual el presente caso.
DATO: El Juzgado determinó que no existen indicios razonables para involucrar a la autoridad edil.
