El manejo de los residuos sólidos en el distrito de Characato ha quedado seriamente cuestionado tras un exhaustivo informe emitido por la Contraloría, que advierte deficiencias en la administración del servicio de limpieza pública.
En el Informe N° 026-2025-OCI/0353-SCC, se expone cómo, bajo la gestión del alcalde Miguel Ángel Linares Portilla, se han descuidado aspectos clave que garantizan la limpieza, salud ambiental y la sostenibilidad económica del distrito.
Una de las observaciones apunta a que la municipalidad sigue operando con un Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos aprobado en 2014, sin actualizarlo pese a los cambios en la normativa nacional y en sus propios planes de gestión. Esto ocurre a pesar que en 2021 el distrito aprobó su Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2021-2026 y en 2025 actualizó su Estudio de Caracterización, documentos que deberían articularse con ese programa.
Al mantener un esquema desfasado, se pone en riesgo la efectividad de las acciones para valorizar residuos, reducir lo que va a disposición final y proteger la salud y el ambiente local. No menos preocupante es que la municipalidad sigue cobrando una tasa mensual de S/ 2,00 por limpieza pública, calculada en 2009 y nunca actualizada.
Hoy Characato tiene 34 trabajadores, cuatro vehículos y más de 14 mil habitantes, muy por encima de los seis operarios, un camión y poco más de 5 mil vecinos que sustentaron el cálculo inicial. Pese a la Ley de Tributación Municipal, que obliga a reajustar estas tarifas según el costo real o al menos por inflación, la gestión local mantiene intacto el monto de hace 15 años.
Esto compromete la sostenibilidad financiera del servicio y limita recursos para cubrir personal, mantenimiento e inversión en maquinaria. Solo seis obreros de limpieza recibieron este año algún equipo de protección personal, según el OCI, y esos implementos fueron entregados hace meses.
El resto trabaja sin guantes, chalecos ni mascarillas, expuestos a cortes y contaminantes. Además, no se les han hecho los exámenes médicos ocupacionales anuales ni se les ha aplicado la vacuna antitetánica, incumpliendo normas básicas.
