El decano del Colegio de Médicos en Puno, Vidmar Mengoa Herrera, mostró su preocupación por la insuficiente dotación de pruebas rápidas para nuestra región, a fin de descartar los casos de coronavirus.

“Tiene que haber más gestiones de las autoridades del Gobierno Regional y de los congresistas”, indicó. En seguida, consideró como un insulto las 350 pruebas rápidas transferidas a esta parte del país.

Finalmente, manifestó que el control para evitar la propagación del coronavirus es una responsabilidad de todos: instituciones, sociedad civil, colegios profesionales y otros.

 El titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno, Jorge Montesinos Espinoza, aseguró que el Gobierno Regional, el último miércoles, incrementó un presupuesto exclusivamente para combatir el coronavirus.

Montesinos señaló que se ha destinado 20 millones de soles para fortalecer los puntos más críticos del sistema de salud. “Teníamos en un inicio 3 millones y medio, luego 4 millones y ahora 20 millones, que serán distribuidos a las diferentes Redes de Salud”, precisó.

Asimismo, exhortó a los directores de las unidades ejecutoras a realizar los gastos correspondientes, y consideró que era necesario el Comando de operaciones covid-19 en la región Puno. 

 El gerente de la municipalidad de Puno, Fredy Vilcapaza Mamani, reveló que estaba previsto entregar ayer las canastas a las familias más vulnerables de la provincia, pero que al final tuvieron que suspender la actividad.

Esto, debido a la disposición del Gobierno central, que decretó un toque de queda total para ayer y hoy. No obstante, dijo que aprovechan el tiempo ajustando el padrón de beneficiarios, considerando algunas denuncias públicas.

Señaló que, de identificarse alguna irregularidad, simplemente no se entregará la canasta; asimismo, anunció que habilitarán una plataforma de denuncias con pruebas objetivas, acotando después que desde mañana sábado se efectuará la dotación de víveres.

Ante la falta de liderazgo en algunas regiones del país para combatir el coronavirus, el presidente de la República anunció, hace unos días, la conformación del Comando de Operaciones Covid-19, que tomará decisiones y hará un trabajo articulado, ordenado y con jerarquía.

Este grupo de trabajo es liderado por la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien debe coordinar con las regiones. Como efecto de ello, en nuestra región se ha conformado también un Comando de Operaciones Covid-19, el cual debe presentar un plan de trabajo.

Este equipo regional es liderado por el director ejecutivo de Salud de Personas de la Diresa Puno, Roel Oré Quispe; y está integrado por el jefe de Epidemiología de EsSalud, Demos Achahuanco Apaza; el director del hospital Carlos Monge Medrano, Freddy Velázquez Angles; y la jefa de la XMRSP Puno, coronel Lissy Edme Olave Benítez.

El presidente del Frente de Organizaciones Populares (FOP) Puno, Amador Núñez mamani, señaló que los consejeros regionales no están cumpliendo con su rol de fiscalizar. “No dicen nada de los presupuestos a las Redes, hay mala gestión desde la Diresa… debe ser removido Alfredo Montesinos”, subrayó.

Además, José Churayra, vicepresidente de la Cubup, indicó que la población ya ha notado la incapacidad de las autoridades regionales. “Los consejeros están de cómplices del mal actuar de los funcionarios, que poco o nada hacen para combatir la pandemia”, expresó.

Por su parte, el secretario general de trabajadores del sector Salud en la región Puno, Victor Chura Mayta, aseveró que a los consejeros que blindaron al director de la Diresa, al gobernador Agustín Luque y al gerente regional de Desarrollo Social, jamás les importó la salud de los puneños.

En ese sentido, acotó que siempre buscaron sus intereses. “Ahora se suman los neófitos consejeros que, lejos de fiscalizar a autoridades que improvisan, ponen en riesgo la ejecución de gastos de presupuestos en sus provincias; ellos blindaron, una clara muestra que están a favor de la corrupción”, sentenció.

La empresa ganadora de la buena pro para la adquisición de alimentos de primera necesidad, para la elaboración de canastas familiares, realizó ayer la entrega de sus productos a la Municipalidad Provincial de Puno. 

Así lo informó el alcalde Martín Ticona, agregando que se trata de arroz, quinua, azúcar, aceite, atún/filete, leche y lenteja, todos ello sobre parihuelas. El proceso, precisó, viene siendo supervisado por la Contraloría General de la República. 

Asimismo, reveló que en estos días se realizará el armado de canastas y la respectiva distribución a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema. “La municipalidad garantiza que cada familia (pobre y pobre extrema) recibirá la ayuda del Gobierno Central”, finalizó.

El gerente regional de control de Puno, Jílmer Salas Neyra,  manifestó que la Contraloría General de la República continúa con el megaoperativo de emergencia sanitaria 2020, por lo que visita a las municipalidades de 15 distritos y 4 provincias, evaluando la adquisición, almacenamiento y entrega de las canastas de víveres para las poblaciones vulnerables.

Señaló que hasta la fecha se han realizado 19 intervenciones en Puno, las cuales se concretaron ayer en las municipalidades provinciales de El Collao y Lampa, y en las de los distritos de Pilcuyo, Mañazo, Tiquillaca, Vilque, Huata, Caracoto, Paucarcolla, Calapuja y Nicasio.

Asimismo, mencionó que la Contraloría busca acompañar y supervisar que las autoridades dispongan prioritariamente de esta ayuda para las familias que lo necesitan.

DEFICIENCIAS

Además, Salas Neyra remarcó que los auditores detectaron diversas deficiencias que fueron comunicadas a las autoridades ediles, a fin de adoptar las medidas correctivas, de modo que se dé mayor transparencia a la compra y adquisición de las canastas de víveres.

Los hechos detectados están asociados a la personalización de las canastas, la relación del precio con la cantidad de productos, el sistema de almacenamiento, distribución, entre otros. “Estos aspectos han sido desarrollados por la Contraloría en los lineamientos que son de conocimiento público y que vienen siendo reiterados a las autoridades ediles”, expresó.

Finalmente, refirió que los recursos públicos asignados a los gobiernos locales no deberán ser destinados a difundir propaganda o publicidad para persuadir a la población a que favorezca a autoridades u organizaciones políticas.