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Puno se vuelve a quedar sin fútbol profesional

La historia de Deportivo Binacional en la temporada 2025 de la Liga 1 será recordada no por lo sucedido en el césped, sino por los tribunales. El club de Juliaca había iniciado el año en medio de la polémica, luego de conseguir mediante una medida cautelar su reincorporación al campeonato pese a que en 2024 había perdido la categoría en lo deportivo.

Aquella decisión judicial le permitió disputar el Torneo Apertura y, aunque con dificultades, se mantenía con vida en la máxima división del fútbol peruano. Todo cambió el 19 de agosto, cuando la Corte Superior de Justicia de Puno decidió revocar la medida cautelar que le daba sustento legal a su participación.

La Federación Peruana de Fútbol, amparada en esta resolución, anunció la exclusión inmediata de Binacional de la Liga 1 y de los torneos de menores de la temporada. El comunicado del ente rector fue tajante: el club quedaba “definitivamente excluido”, cerrando así de manera abrupta la aventura del llamado “Poderoso del Sur” en la primera división. La decisión tuvo un fuerte impacto en la tabla de posiciones.

Los partidos jugados por Binacional en el Torneo Clausura fueron anulados, como si nunca se hubiesen disputado, mientras que los resultados del Apertura se mantuvieron sin alteraciones. De manera administrativa, el club fue colocado en el último lugar de la tabla acumulada, sellando así un descenso que no se explica por resultados futbolísticos, sino por resoluciones judiciales y administrativas.

El efecto inmediato también se sintió en la definición del campeonato. Como estaba previsto que tres equipos perdieran la categoría en 2025, la salida de Binacional redujo el número de descensos deportivos a dos. De este modo, solo los equipos que terminen en los puestos diecisiete y dieciocho tendrán que afrontar la lucha por la permanencia o resignarse a jugar la Liga 2 en 2026.

Lejos de aceptar la situación, la directiva del club altiplánico respondió con un firme comunicado en el que aseguró que la sentencia “no es firme” y anunció que interpondrá un Recurso de Agravio Constitucional para llevar el caso hasta el Tribunal Constitucional. “Seguiremos defendiendo nuestros derechos”, enfatizó la institución, que acusó a la FPF de no respetar los plazos legales correspondientes.

La incertidumbre golpea también a los jugadores y al comando técnico. De acuerdo con analistas deportivos, la exclusión no solo implica el descenso, sino la pérdida de la licencia deportiva. Esto abre la puerta para que futbolistas y cuerpo técnico puedan rescindir sus contratos, quedando en libertad de negociar con otros clubes en pleno desarrollo del torneo.

No se sabe si el “Poderoso del Sur” jugará la Liga2 la próxima temporada o si es que la Federación Peruana de Fútbol decide borrar del mapa al cuadro juliaqueño por ir en contra de las normas FIFA, al acudir a la justicia ordinaria. La temporada 2025, que prometía ser la del regreso de Binacional al protagonismo, termina convirtiéndose en un capítulo marcado por la controversia legal.

El club que en 2019 supo alzar el título nacional y representar al Perú en la Copa Libertadores hoy enfrenta un panorama incierto, atrapado en un laberinto de tribunales y con su futuro deportivo dendiendo de decisiones extradeportivas. El fútbol peruano, una vez más, se ve sacudido por un descenso que se resolvió fuera del campo de juego.

“Premio consuelo” de los hospitales con el gobernador de Arequipa Rohel Sánchez

Desde su asunción en enero de 2023, el gobernador Rohel Sánchez anunció ambiciosos proyectos de infraestructura con el objetivo de reactivar la economía regional. En febrero de ese año presentó una cartera de proyectos por US$5.000 millones bajo la modalidad APP/OXI, abarcando sectores como salud, transporte, energía y vivienda.

Además, prometió concluir importantes obras viales, como el Puente de la autopista Arequipa–La Joya y la vía “La Nueva Molina”, dentro de los primeros meses de su gestión. Otras promesas recurrentes incluyeron un hospital en el cono sur, la adquisición de 100 patrulleros policiales y la construcción de una nueva “Villa Olímpica” para fomentar el deporte regional.

Estas iniciativas, presentadas en discursos y actos oficiales, generaron altas expectativas públicas sobre avances rápidos en infraestructura. Pero a 32 meses de iniciada su gestión, ninguno de estos proyectos se han visto terminados.

Lo único que hay son promesas y más promesas, como la culminación de los 4 hospitales que no se tendrían en la región, el Maritza Campos en Cerro Colorado, el de Camaná, el de Chala y el de Cotahuasi, todo esto en el gobierno de Yamila Osorio, sin ser terminado pese a su inicio en el 2017.

Lo real, es que a casi tres años de gobierno del gobernador Rohel Sánchez, la gestión no entrega ni una sola obra de envergadura, y en los últimas semanas, se impulsa con cierta obstinación la ejecución de los hospitales de Camaná y Maritza Campos, lo que sería en el balance general, lo más resaltante de la gestión de Rohel.

SALDOS DE OBRA

Durante la semana del 19 al 22 de agosto, el tema de los hospitales paralizados volvió a ser protagonista en la agenda del GRA, bajo la gestión de Rohel Sánchez. La construcción del Hospital Maritza Campos en Cerro Colorado y del Hospital de Camaná pone nuevamente de relieve los problemas de planificación y ejecución en la región.

Tras casi dos años de retrasos en la preparación de los expedientes de saldo de obra, la administración decidió asumir un endeudamiento interno por S/ 287.503.434 a 20 años, bajo el argumento de que era la única forma de reactivar las construcciones.

No obstante, expertos y autoridades locales cuestionan esta justificación, recordando que existían alter nativas de financiamiento, como el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), que no pudieron utilizarse por la demora en la elaboración de los saldos de obra. Será entregado a una empresa en una adjudicación directa, donde la actual gestión invitará a contratistas y elegirá entre ellas a quién ejecute los saldos de obras.

Al ser cuestionados, la gestión señaló que es la única opción. Según el consejero Miguel Ángel Linares, esto solo sería una justificación, pues se podría optar por otra adjudicación más transparente.

Señaló que el caso de Maritza Campos no puede adjudicarse así, ya que la ley exige un avance físico mínimo del 40 % y este según la actualización de avance tiene un avance de 29.5 %. Sobre la deuda, el jefe de la Oficina de Internacionalización y Cooperación Técnica Internacional del GRA, Berly José Gonzáles Arias, explicó que la urgencia de reiniciar los trabajos llevó a descartar OxI, pese a que el GRA cuenta con un límite de S/ 1,311 millones para proyectos bajo este esquema. Según Gonzáles, lo prioritario era que los hospitales se culminen cuanto antes, sin importar la modalidad de financiamiento.

Desde junio de 2023, cuando los hospitales se paralizaron, se realizaron diagnósticos situacionales y expedientes técnicos que tardaron dos años en completarse, retraso que impidió el acceso a otros mecanismos de financiamiento.

El endeudamiento permitirá financiar el Maritza Campos con S/ 167,9 millones y el de Camaná con S/ 119,5 m i – llones, a reembolsar en 20 años con cuotas semestrales de aproximadamente S/ 7,18 millones hasta el 2045, utilizando ingresos de canon y regalías mineras.

CHALA Y COTAHUASI

Mientras tanto, los hospitales de Chala y Cotahuasi continúan en una situación aún más incierta. A diferencia de los otros nosocomios, estas obras siguen en fase de diagnóstico situacional y no cuentan con presupuesto asignado para reactivarse.

Según fuentes del GRA, los estu dios y diagnósticos de ambos hospitales deberían terminarse esta semana. La población de estas zonas deberá seguir esperando, ya que solo después de culminar los diagnósticos se podrán elaborar los expedientes de saldo de obra y contratar a las empresas encargadas de continuar los trabajos.

EQUIPOS

En Camaná, además, la Contralo ría detectó que equipos y mobiliario médico por más de S/ 10 millones permanecen almacenados en ambientes inconclusos, obstaculizando los trabajos pendientes. Se estableció un plazo máximo hasta el 31 de agosto de 2025 para liberar estos espacios y permitir la reactivación de la obra.

Respecto a la patrimonialización de los equipos, no existe la ordenanza prometida que permita regularizar el equipamiento almacenado en los hospitales. Los bienes permanecen guardados y sin movimiento, quedando prácticamente inactivos. El gerente general del GRA, Johan Cano, señaló que el tema sigue en asesoramiento jurídico.

NO AVANZAN

A agosto de 2025, varios proyectos emblemáticos que continúan enfrentando desafíos significativos, reflejan una desconexión entre los anuncios oficiales y la realidad en terreno. El nuevo Hospital Goyeneche con una inversión estimada en S/ 528 millones, se encuentra en una situación crítica. A pesar de la firma de una adenda al contrato Estado a Estado con Francia en febrero de 2025, no se sabe su avance.

En cuanto al Proyecto Majes-Siguas, tras años de retrasos, el Gobierno de Japón ha sido seleccionado para continuar con las obras. Sin embargo, del nuevo costo del proyecto y de la firma final del contrato no se tiene noticias.

Lo mismo sucede en el caso de la segunda etapa, que sigue en el CIADI. El proyecto del nuevo IREN Sur también enfrenta incertidumbres, aunque la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) decidió mantener su ubicación, pero el financiamiento preocupa. Se pidió S/ 6,000 millones, pero el MEF solo le aprobó S/ 3,000 millones de presupuesto, poniendo en duda la continuidad del proyecto.

La obra del puente y accesos Arequipa–La Joya presenta retrasos pese a promesas del gobernador. Se debe vaciar concreto y señalizar, además de retirar óxido de la superestructura de acero, trabajos que tomarán unos dos meses y medio; su entrega está prevista para noviembre de 2025.

Con un presupuesto de S/ 177,5 millones, el avance físico del puente y accesos es 91,91 %. De los otros com ponente como los túneles mellizos o el intercambio vial Por su parte, la vía La Nueva Molina, prevista como un atajo hacia la Panamericana Sur desde Uchumayo, para darle utilidad al puente sigue atrasada.

Se han detectado desbalances económicos en mano de obra y demoras en el suministro de asfalto líquido. Tiene un costo de S/ 31 millones en el componente directo y S/ 3,6 millones en costos indirectos, con un avance físico del 55,11 %.

¿POR QUÉ SE RETRASAN?

Juan Carlos Almonte, docente de la Universidad Católica San Pablo, señala que los retrasos en las obras públicas se deben a la falta de equipos técnicos especializados y de metodologías modernas de gestión. Explica que errores en expedientes técnicos, cálculos estructurales y presupuestos generan paralizaciones y sobrecostos.

Además, muchos proyectos planificados hace años requieren actualización presupuestal y administrativa. Almonte destaca la importancia de invertir en la fase de diseño y excedentes técnicos, aplicar metodologías como Project Management Institute y crear oficinas estratégicas de gestión de proyectos (PDMO) para garantizar eficiencia, cumplimiento de plazos y ejecución adecuada de obras de envergadura

Altos sueldos y baja ejecución presupuestal en la Municipalidad Provincial Arequipa

El contraste entre los altos salarios de los principales funcionarios municipales y la baja eficiencia en la inversión pública vuelve a poner bajo la lupa la gestión del alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera.

En el 2025, el alcalde, el gerente municipal, los gerentes y subgerentes perciben sueldos que, en algunos casos, se equiparan a los de ministerios o gobiernos regionales, pese a que los resultados en obras y servicios no son alentadores.

BIEN PAGADOS

Durante el 2025, el alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez percibe un ingreso mensual de S/ 13,260, mientras que el gerente municipal Pablo Alonso Salinas Valencia gana S/ 12,700. A ellos se suman los gerentes de línea de áreas estratégicas como Seguridad Ciudadana, Transporte Urbano, Desarrollo Social, Asesoría Jurídica, Centro Histórico y Administración Tributaria, cuyos sueldos oscilan entre S/ 6,700 y S/ 7,370. La secretaria general, Claudia Tatiana Cervantes Mansilla, recibe S/ 7,200 mensuales, consolidándose como uno de los cargos administrativos mejor remunerados.

Los subgerentes, por su parte, tienen ingresos cercanos a los S/ 5,000, mientras que profesionales de apoyo, como los abogados de la Procuraduría y Asesoría Jurídica, perciben entre S/ 3,200 y S/ 4,000. Cabe recordar que en febrero de 2025 se aprobó un incremento de S/ 500 en los sueldos de 38 funcionarios, entre gerentes y subgerentes, según lo informado por el gerente municipal Pablo Salinas.

La medida se justificó en la necesidad de hacer más atractivos los cargos, ya que —de acuerdo con el alcalde Rivera— varios profesionales rechazaban trabajar en la comuna por mejores ofertas en el sector privado. El aumento se financió con recursos del impuesto predial y el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun).

EJECUCIÓN EN ROJO

La Municipalidad Provincial de Arequipa administra un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/ 55.3 millones para este 2025. Sin embargo, al cierre de julio solo ha logrado ejecutar S/ 16.1 millones, lo que representa un avance del 29.6 %, según el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Las cifras evidencian que, de cada diez soles presupuestados, la comuna apenas gasta tres en beneficio de la ciudad. Sectores estratégicos como Transporte recibieron S/ 25.2 millones, pero hasta agosto solo se devengaron S/ 5.6 millones (22.3 % de avance). Un caso similar ocurre con Ambiente, donde de más de S/ 5 millones disponibles apenas se utilizaron S/ 208 mil, es decir, solo un 4.1 %.

La situación no mejora en Orden Público y Seguridad, área sensible para los vecinos, que muestra un avance de apenas 16.4 %, con S/ 176 mil devengados. Mientras tanto, la Protección Social registra ejecución cero, pese a contar con recursos asignados.

En contraste, funciones como Educación (60 % de ejecución con S/ 7.3 millones devengados) y Salud (63 % con S/ 1.46 millones) presentan un desempeño relativamente mejor, aunque todavía insuficiente frente a las demandas de la población.

Este panorama confirma una contradicción evidente: mientras los principales funcionarios perciben sueldos elevados, la inversión municipal avanza a paso lento, con áreas críticas prácticamente abandonadas.

Los proyectos también reflejan un avance desigual. Con buen desempeño figuran las aun no liquidadas obras como el Mejoramiento de la I.E. Luis H. Bouroncle (77.4 % de ejecución), la reparación de calzadas en Bustamante y Rivero (72.1 %).

En cambio, iniciativas como la construcción de celdas de residuos en Yura (4.2 %) anunciado desde el año pasado, la mejora de movilidad urbana en la urbanización Victoria (0.2 %) y la Vía Metropolitana en Cerro Colorado permanecen prácticamente paralizadas.

En su momento el alcalde provincial Víctor Hugo Rivera aseguró que su gestión proyecta cerrar el 2025 con un nivel de ejecución de entre 82 % y 85 %, principalmente por la culminación y liquidación de obras de envergadura.

Rivera explicó que la diferencia pendiente corresponde a proyectos que aún deben pasar a la etapa de liquidación, un proceso administrativo que —según indicó— requiere acopiar toda la información para cerrar formalmente cada obra.

“Cuando una obra no está liquidada, en el sistema aparece con 90 o 95 % de avance y eso afecta los indicadores. Solo al liquidarse se alcanza el 100 %”, precisó. El burgomaestre detalló que en 2026 ingresarán a liquidación cinco proyectos clave: el Puente Bicentenario, el intercambio vial Andrés Avelino Cáceres, la vía de San Jerónimo y la avenida Jesús. Aseguró que todos serán culminados y liquidados antes de dejar el cargo.

La Municipalidad Provincial de Arequipa enfrenta un serio cuestionamiento de eficiencia: funcionarios mejor pagados que nunca, pero con resultados presupuestales que no superan un tercio de lo planificado al octavo mes del año. Aunque el alcalde promete cerrar con una ejecución superior al 80 %, el contraste entre los altos sueldos y la lenta inversión actual mantiene abierta la duda sobre la verdadera capacidad de gestión de la comuna provincial.

Por tercera vez consecutiva, la gestión del alcalde Rivera en el aniversario de Arequipa no ha entregado obras de envergadura, y la ciudad pareciera estar en “piloto automático”, al igual o peor que la exgestión del exprófugo de la justicia, Omar Candia.

ANÁLISIS

Para el especialista en inversión privada, Elvis Jump Gómez, el problema de la MPA no radica en los sueldos de los funcionarios, sino en la ineficiencia estructural en la ejecución presupuestaria.

Jump identificó dos causas centrales, la primera relacionada con la falta de capacidad de gestión. Funcionarios sin la experiencia suficiente para anticiparse a problemas técnicos, exigir a contratistas o resolver ampliaciones de plazos y costos. La segunda es la deficiencia en los estudios de preinversión. Muchos perfiles de proyectos en la MPA están mal elaborados, lo que deriva en ampliaciones de obra, adicionales financieros y retrasos en la ejecución.

“El gran problema no es cuánto ganan, sino si los funcionarios están preparados para el cargo. Si se tuvieran buenos profesionales, con experiencia comprobada, la ejecución sería más eficiente; pero cuando se elige por amiguismo o conveniencia política, los proyectos se traban y los recursos quedan sin usar”, advirtió.

El especialista concluyó que la solución sería instaurar una verdadera meritocracia en el Estado, donde se priorice la selección de perfiles técnicos y con experiencia, acompañados de condiciones salariales competitivas que aseguren resultados.

El sueño de Yonhy Lescano pende de un hilo

Yonhy Lescano Ancieta, excongresista de 66 años con cuatro periodos legislativos —dos por Puno y dos por Lima—, reafirmó en una entrevista con Diario Los Andes que su experiencia lo prepara para asumir la presidencia del Perú.

Sin embargo, su aspiración depende de un frágil acuerdo con Carlos Zeballos Madariaga, congresista por Puno y líder de Cooperación Popular. “No es Vladimir Cerrón, no será un mandamás desde las sombras”, asegura Lescano, minimizando las tensiones con su exasesorado. Pero el pacto aún no está firmado y su alternativa menos ambiciosa es postular al Gobierno Regional de Puno, un “premio consuelo” que no oculta su verdadera meta: la presidencia.

ACUERDO CON ZEBALLOS

Lescano admite que su candidatura presidencial para 2026 depende de las negociaciones con Cooperación Popular, un partido en proceso de consolidación. “Estamos en días de decisiones”, dice, mientras su propio partido, Verdad y Honradez, lucha por inscribirse ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Con más de 40 mil afiliaciones recolectadas —aunque el ROP observó casi el 50 %—, el exacciopopulista aseguró que su organización “no es un casca rón” como otros partidos nuevos.

Sin embargo, el pacto con Zeballos, un aliado controvertido, genera dudas sobre su viabilidad. El acuerdo no es una alianza formal, sino un “acuerdo político” que permitiría a Lescano encabezar la lista presidencial bajo el símbolo de Zeballos. “Dios quiera que nos pongamos de acuerdo”, expresa, aunque advierte que cualquier gestión sin su conocimiento “no se repetirá”.

Insistió en que los acuerdos deben quedar por escrito para evitar errores como los de Pedro Castillo con Perú Libre. “No soy Castillo; tengo 20 años de experiencia enfrentando a mafias en el Congreso”, recuerda, subrayando que su trayectoria lo blinda contra traiciones.

LA TRAICIÓN DE AP

Lescano no ocultó su decepción con Acción Popular, el partido que lo vio crecer y del que se retiró tras denunciar su “captura por inescrupulosos”. “Nunca me expulsaron; me fui”, aclaró, criticando a la dirigencia actual, vinculada a 81 procesos penales.

Su salida, tras 21 años de militancia, refleja la crisis de un partido que, según él, “ha traicionado a sus bases”. Ahora, su enfoque está en Verdad y Honradez, un proyecto que, asegura, “tiene cimientos sólidos” y aspira a perdurar más allá de 2026.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Una de las propuestas centrales de Lescano es reformar la Constitución de 1993, que califica como “mercantilista y neoliberal”. “La de 1979 era superior”, afirma, aunque reconoce que el cambio depende de un Congreso dispuesto a convocar una Asamblea Constituyente.

Su argumento es que la actual Carta Magna perpetúa la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, el escepticismo persiste: anteriores presidentes, como Pedro Castillo y Ollanta Humala, prometieron lo mismo, sin resultados concretos.

ENTRE PUNO Y LIMA

Algunos sectores en Puno lo acusan de “abandonar” la región al representar a Lima en dos periodos. Lescano lo niega: “Nunca perdí contacto con mi tierra”. Atribuye su derrota en las últimas elecciones a una “guerra sucia” que usó a su esposa —de origen chileno— como blanco de ataques racistas. “La gente se dio cuenta”, dice, confiando en que el cariño popular, demostrado en festividades como la Candelaria, lo respaldará en 2026.

EL SISTEMA POLÍTICO PERUANO

Para Lescano, la clase política actual es “una desgracia”. Desde Fuerza Popular hasta los “topos” como Carlos Álvarez, todos, según él, “destruyen la democracia”. Su diagnóstico es sombrío: “No hay uno que se salve”. En este contexto, su apuesta es presentarse como el candidato “honesto y experimentado”, aunque su alianza con Zeballos —investigado por presuntos vínculos con casos de corrupción— genera dudas sobre su coherencia

ZEBALLOS ¿ALIADO O RIESGO?

Aunque Lescano restó importancia a las acusaciones contra Zeballos, admitió que “no hay pruebas contundentes” que lo vinculen a delitos. “Confío en el partido, no en la persona”, aclaró, aunque su discurso choca con la realidad: Cooperación Popular es un movimiento joven, sin estructura nacional. “Si no se da el acuerdo iremos a las regionales”, repitió, pero su tono delata que la presidencia sigue siendo su prioridad.

ELECCIONES 2026

Con el plazo para inscribir alianzas vencido, Lescano y Zeballos negocian contra reloj. “Si no hay acuerdo, evaluaremos otras opciones”, advirtió, aunque su margen de maniobra es limitado. Verdad y Honradez, aún sin inscripción, no podría competir solo en las generales. Su única carta es el pacto con Cooperación Popular, un partido que, como muchos otros, podría “desaparecer” tras los comicios, según sus propias palabras.

EL LEGADO DE LESCANO

Su trayectoria incluye batallas solitarias contra el fujimorismo y otros grupos de poder. “Me han querido eliminar políticamente, pero aquí sigo”, declaró con orgullo. Sin embargo, su imagen está marcada por contradicciones: mientras denuncia la corrupción, se alía con figuras cuestionadas. “La política es un fango, pero hay que lidiar en él”, justificó, consciente de que su camino está lleno de “deslealtades”.

ENTRE EL CARIÑO Y EL REPROCHE

En Puno, su figura divide opiniones. Mientras algunos lo ven como un “defensor de la región”, otros lo acusan de “olvidarlos” al migrar a Lima. “Soy el único que ha enfrentado a los corruptos”, argumenta, aunque acepta que la “guerra sucia” y los medios de comunicación erosionaron su apoyo. Su desafío ahora es reconstruir esa confianza en una región que lo vio nacer y que podría ser clave para su futuro político.

¿NO REPETIRÁ ERRORES DE CASTILLO?

Lescano insiste en que su perfil es distinto al del exmandatario. “No cometeré sus errores”, asegura, aunque su alianza con Zeballos evoca el mismo patrón: un outsider dependiente de un partido con liderazgos opacos. “La historia no se repetirá”, promete, pero el escepticismo persiste en un país cansado de promesas incumplidas.

ENTRE LA ESPERANZA Y LA REALIDAD

Lescano sabe que 2026 podría ser su última oportunidad. “Si no es ahora, será muy difícil”, admitió. Su estrategia combina pragmatismo — el acuerdo con Zeballos— y principios —la reforma constitucional—. Pero en un Perú polarizado, donde la desconfianza hacia los políticos es rampante, su sueño presidencial parece tan frágil como el pacto que lo sostiene.

“La política es impredecible”, concluyó, aunque su tono dejó claro que no renunciará sin luchar. ¿Logrará convencer a los peruanos de que es el cambio que necesitan? El tiempo, y las urnas, lo dirán.

Semanario Los Andes 25/08/2025

AREQUIPA: Diario Los Andes 24/08/2025

PUNO: Diario Los Andes 24/08/2025

Arequipa: Adjudicación directa no sería única opción para hospitales

Funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) aseguraron que la contratación directa es la única alternativa viable para culminar los hospitales Maritza Campos de Cerro Colorado y el de Camaná, sin embargo esto no sería del todo cierto.

El gerente del GRA, Johan Cano y Berly Gonzales, jefe de la Oficina de Internacionalización y Cooperación, precisaron que la Ley 31589 señala seguir este proceso y que no existe margen de tiempo para acudir a otra modalidad por que la gestión quiere “ya los hospitales”.

“Por la ley de reactivación de obras, la establece justamente para reactivar las obras. La finalidad principal es el reinicio de la ejecución de las obras lo más pronto posible”, declaró Gonzáles en referencia a la contratación directa.

NO SERÍA EL ÚNICO

Estas aclaraciones se dieron tras la aprobación del endeudamiento de S/ 287 millones para culminar los proyectos. Sin embargo, el consejero César Huamantuma, advirtió que no era la única alternativa.

“Las gestiones deciden qué marco legal utilizar para el proceso y ellos están usando el de reactivación de obras que les permite la adjudicación directa. Muy bien podrían utilizar el marco regular, dada la magnitud del monto a invertir. Ellos se acogen a esa ley, pero podrían acogerse a la ley regular (licitación pública)”, señaló.

Al respecto, el consejero Miguel Ángel Linares, dijo que por transparencia podría licitar las obras e hizo una observación aún más grave. Dijo que, para el caso de la obra del hospital Maritza Campos, esta no podría adjudicarse de forma directa, pues la ley exige que los proyectos tengan un avance físico igual o mayor al 40 % para poder acceder a esta normativa, y este hospital no llega ni al 30 %.

Arequipa: Municipio cerreño pedirá otra carta fianza a empresa

El alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, se pronunció sobre el reciente informe de Contraloría que cuestiona la validez de la carta fianza presentada por el Consorcio San Alfonso para la ejecución de la obra de agua y alcantarillado con un presupuesto de S/ 33,601,899.

Vera sostuvo que, según el área legal de la municipalidad, “todo se ha llevado de acuerdo a normas” y que la garantía emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquia San Lorenzo Trujillo Ltda. 104 sí cumpliría con los requisitos.

No obstante, reconoció que, para evitar riesgos y asegurar el respaldo financiero del proyecto, ya se ha solicitado al consorcio presentar una nueva carta fianza emitida por un banco. “La carta actual podría ser válida, pero como se dice que no lo es, se ha pedido otra para complementar y evitar problemas futuros.

Estamos seguros de que la empresa cumplirá con esta obra”, indicó la autoridad distrital. El burgomaestre reconoció que, en caso de incumplimiento de la empresa contratista, la observación de Contraloría podría generar dificultades para ejecutar el cobro de la garantía. Sin embargo, expresó confianza en que la obra se ejecutará conforme al contrato.

“Estamos seguros de que la empresa cumplirá con la obra, pero igual hemos instruido a la gerencia municipal y de obras para que pidan otra carta que asegure el respaldo financiero”, remarcó.

La Contraloría advierte que aceptar una garantía emitida en esas condiciones vulnera lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 148 de su reglamento, así como lo estipulado en las bases integradas del concurso. Incluso, el OSCE ya había precisado que este tipo de observaciones no pueden subsanarse durante la ejecución contractual.

El JEE inicia un proceso sancionador contra alcalde de Arequipa

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1 admitió a trámite un procedimiento sancionador contra el alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, por la presunta vulneración de las normas que regulan la publicidad estatal en periodo electoral, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Según el informe de fiscalización, la comuna provincial difundió banderolas y “banners” con mensajes relacionados a la culminación de obras, entre ellas La Perla y La Perlita, anuncios sobre la inauguración del colegio Santa Rita de Siguas y la interconexión vial Bicentenario.

El JEE precisó que en dichas publicaciones aparecía el nombre y cargo del alcalde, lo cual está prohibido por el artículo 20 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral.

Ante esta situación, el colegiado electoral resolvió iniciar el procedimiento sancionador contra el burgomaestre, disponiendo el traslado del expediente y otorgándole un plazo de tres días hábiles para presentar sus descargos, además de exigirle la creación de una casilla electrónica para notificaciones.

DESCARGOS

En su defensa, el alcalde negó haber infringido las normas electorales y sostuvo que los “banners” observados tenían un carácter estrictamente informativo y orientativo, sin incluir propaganda política. Explicó que la inclusión de su nombre respondía a la identificación del titular del pliego municipal.

El burgomaestre también argumentó que algunos de los carteles fueron colocados antes de la convocatoria a elecciones. Rivera indicó que, tras la observación del JEE, la Municipalidad dispuso el retiro inmediato de las banderolas.