El Estado ha destinado medio millón de soles para fortalecer la labor fiscalizadora de los consejeros, pese a desembolso el resultado es en realidad incipiente y no ha decantado en resultados realmente importantes.
ESCRIBE: JAVIER CALDERÓN
Hace algunos días la consejera regional de Huancané, Leyder Puma Ojeda, fue blanco de críticas por parte de tenientes gobernadores de la provincia a la que representa. Entre otras cosas, le cuestionaron su falta de predisposición para informar sobre la labor de fiscalización que viene cumpliendo.
No pasó desapercibida la denuncia realizada por Adolfo Paredes Aracayo, cuestionando el alquiler de una camioneta por S/ 355 para trasladarse a un centro educativo ubicado dentro del radio de la Capital Chiriwana.
A diferencia de periodos de gobierno pasados, en el 2024, en el marco del fortalecimiento de la función fiscalizadora de cada uno de los consejeros, se les asignó un presupuesto de S/ 500 mil, para cumplir tareas de fiscalización. El año pasado se tuvo una certificación presupuestal de S/ 373 mil 887.00. El registro consigna gastos de los más variados, algunos más llamativos que otros.
SÍ FISCALIZAN
Haciendo una revisión de los gastos realizados por los consejeros, no está en debate el espíritu fiscalizador. Es más, a diferencia de lo que uno pueda creer, algunos honran su labor como tal y así lo demuestran en cada uno de sus informes.
Veamos. El consejero regional por la provincia de San Román, Percy Quispe Miranda, de acuerdo a esta información es uno de los más activos. Sus labores de fiscalización le han representado un gasto a la entidad de S/ 29 mil 583.5. En noviembre de 2024, el consejero se propuso como actividad verificar la situación de la obra de la avenida Circunvalación, en la jurisdicción del distrito de San Miguel.
Para cumplir con esta tarea, a Quispe Miranda se le aprobó el alquiler de una camioneta por S/ 640, además de la contratación de un ingeniero civil por S/ 1 200. Algunas conclusiones de su labor es que, uno u otro proyecto está retrasado y las recomendaciones están orientadas a dar seguimiento, a ser más diligentes. Lo curioso es que, en cada una de las obras fiscalizadas las recomendaciones siempre son las mismas y las observaciones, son prácticamente un calco en su mayoría.
DILIGENTES
Wido Condori Castillo, consejero de la provincia de El Collao, se muestra más diligente. Según el balance, en el año 2024 en labores de fiscalización gastó S/ 21 mil 953. Destaca algunas actividades como la supervisión a algunas UGEL del ámbito de la región Puno. En esta labor, ninguno de los consejeros ha hecho grandes descubrimientos.
El consejero por la provincia de Puno, Alfredo Ucharico Uruchi también labora en la misma dinámica que sus colegas y los hallazgos no representan, por ejemplo, actos reñidos con la Ley. Un gasto que llama la atención es el realizado en el alquiler de una camioneta para supervisar el proyecto Pradera, el costo fue de S/ 1 080.
Asimismo, Percy Mamani Vargas, consejero regional por la provincia de Azángaro, en el tiempo dedicado a su labor de fiscalización, requiere de un asistente. Para este propósito en algunas de sus actividades la entidad ha desembolsado S/ 255. Dentro de los “grandes” hallazgos en algunas de las obras es que las chapas de las puertas no son muy seguras, la recomendación dada es cambiarlas.
Los informes del fiscalizador azangarino son escuetos: “…se identificó problemáticas, se realizó observaciones… se logró verificar el avance físico y financiero…”. Concepción Aguirre Ccaso, consejero por la provincia de Sandia, ha convocado la participación de todo un equipo de trabajo.
En su informe consigna la contratación de un contador, abogado y un ingeniero civil, más cuando de alcanzar resultados se trata, no existe la consignación de datos acordes a la labor técnica que realizan los profesionales contratados: “Con la presente acción de fiscalización se logró identificar diferentes problemáticas en obra, deficiencias, y se realizó observaciones los cuales deberán ser corregidos a la brevedad posible”, un copia y pega, evidentemente.
Aguirre Ccaso cuenta con el asesoramiento de un contador, empero, en ninguno de sus informes consigna información contable. ¿Curioso, no? Los informes son muy parecidos entre sí. Basilio Mendoza Uriarte, consejero por la provincia de Chucuito, también se ha rodeado de profesionales que lo ayudan en su labor fiscalizadora.
Un abogado, un contador y un ingeniero civil, son el soporte que necesita. Pero al igual que sus homólogos los informes son tan generales que la duda asoma. En el caso de la ejecución del hospital Rafael Ortiz Ravinez, “la obra se ejecuta con leves dificultades”, señala uno de sus informes.
En el caso de Wilber Aquice Aquice, consejero por la provincia de Lampa, hay una situación llamativa. Para la labor de fiscalización de cada uno de los proyectos, contempla la contratación de un abogado y un ingeniero civil, además del alquiler de una camioneta y materiales de escritorio por un monto que supera los S/ 2 mil. Sin embargo, sus informes están en blanco, es decir no detalla absolutamente nada de lo que hace.
O quizá la información sea tan abundante y difícil de consignar en un documento. Jaime Perlas Hancco es consejero por la provincia de San Antonio de Putina, y como parte de su labor, también se ha hecho de los servicios de un asistente. Eso sí, sus informes son mucho más robustos que los de sus colegas.
Mientras tanto, la consejera de Huancané, Leyder Puma Ojeda, como parte de su labor, hizo una visita a la obra del hospital Lucio Aldazabal Pauca, consigna como logro: “ …que el residente de obra e inspector de obra realicen conforme lo solicitado la pronta culminación de la ejecución de la obra”.
En otro momento señala: “…con la presente visita se lo gró que el personal tenga mayor preocupación…”. Víctor Raúl Tacuri Idme consejero de la provincia de Carabaya, también consigna gastos de su labor fiscalizadora, sin embargo, parece tener muy mala suerte, pues en algunas ocasiones no pudieron atenderlo por falta de internet.
En un segundo informe este matutino alcanzará detalles de los informes del resto de consejeros. En general los informes no reflejan una real labor de fiscalización, algunos consejeros se muestran hasta aduladores con algunos funcionarios.