Por: Los Andes
La Ley 32069, publicada el 24 de junio de 2024 y con una vigencia establecida desde este 22 de abril, modifica la Ley de Contrataciones Públicas y reducirá los plazos de prohibición para que altos funcionarios y sus familiares celebren contratos con el Estado.
Aprobada con 91 votos a favor, la norma genera polémica por flexibilizar las restricciones.
El artículo 30 establece que el presidente, vicepresidente, congresistas y ministros no podrán contratar con el Estado durante su mandato y hasta seis meses después (antes eran doce). Respecto a sus familiares, la prohibición solo aplicará en el ámbito del Congreso, permitiéndoles contratar con otras entidades públicas, incluso en las regiones que representen los legisladores.
Críticos, como el congresista Alex Paredes, denuncian que la medida vulnera principios éticos: “Restringe derechos y estigmatiza a las familias”.
En cambio, la parlamentaria Tania Ramírez defendió el cambio, argumentando que las limitaciones no deben extenderse indefinidamente.
