Escribe: Zenaida Zea
Con la reciente ley aprobada por el Congreso, que prohíbe a las ONG financiar la defensa legal de las víctimas de los crímenes de Estado, los deudos de los fallecidos en las protestas contra Dina Boluarte quedan indefensos.
Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero de Juliaca, denunció que la norma, aprobada con 82 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, atenta contra los más vulnerables y busca la impunidad de quienes mataron sus seres queridos.
Además, advirtió que esta maniobra no solo deja sin defensa legal a las familias de los asesinados, sino que también les quita el apoyo emocional y psicológico necesario para afrontar el dolor y el trauma que padecen.
Samillán cuestionó a los congresistas por Puno, quienes habían prometido investigar las muertes, pero terminaron respaldando la llamada “ley anti-ONG”. Entre ellos, Flavio Cruz fue señalado por un medio como uno de los que apoyó esta postura.
