Arequipa enfrenta un problema crítico en la ejecución de su infraestructura pública: es la región con el mayor número de obras paralizadas del país, sumando alrededor de 146 proyectos detenidos. Buena parte de estas construcciones quedaron estancadas por fallas graves en su etapa de planificación, originadas por expedientes técnicos mal elaborados que, pese a intentos de corrección con nuevos documentos, siguen repitiendo los mismos errores por parte de las autoridades de Arequipa.
A nivel nacional, un reciente informe del Sistema Nacional de Obras Públicas (Infobras) y del Banco de Inversiones del MEF, publicado en marzo de 2025, revela que hay 2,572 obras públicas paralizadas en el Perú, por un valor total actualizado de S/ 43,163 millones. De ese universo, al menos 255 proyectos, valorados en más de S/ 2,528 millones, están paralizados específicamente por deficiencias técnicas en sus expedientes. Es un reflejo claro de cómo un documento mal hecho en el papel termina impactando directamente en los bolsillos de los ciudadanos.
PRECISIÓN
En mayo, el gerente regional de Control de la Contraloría en Arequipa, Samuel Rivera Vásquez, fue claro: el 90 % de los problemas en las obras públicas de la región proviene de expedientes técnicos mal elaborados. La Contraloría ya califica este problema como “un cáncer” para los proyectos públicos, por los sobrecostos, ampliaciones de plazo y abandonos que provoca.
Aunque la norma impide que intervenga en su elaboración, Rivera recordó que la responsabilidad recae en las autoridades, quienes deben exigir revisiones exhaustivas antes de aprobarlos. El problema se agrava cuando, tras el estancamiento de una obra, se contratan nuevas empresas para elaborar expedientes de saldo. Muchas veces, estas firmas están vinculadas entre sí en la supervisión y ejecución, generando posibles conflictos de intereses.
Así ocurrió en los hospitales de Camaná y Maritza Campos, donde investigaciones periodísticas revelaron vínculos entre supervisoras y ejecutoras, además de errores y omisiones que aumentan los costos. Esta cadena de fallos sigue dejando obras inconclusas y perjuicios millonarios, sin que nadie asuma responsabilidades, perpetuando la impunidad.
SISTEMA PERNICIOSO
Para entender el trasfondo, Los Andes dialogó con los representantes de los colegios profesionales responsables de revisar expedientes: el decano del Colegio de Arquitectos, Juan Francisco Melgar Begazo, y el presidente del Capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros, Gustavo Omar Guillén Fernández.
Ambos coincidieron en que muchas veces prevalecen intereses personales o económicos sobre el rigor técnico, lo que deriva en contrataciones que priorizan el menor costo, sacrificando calidad. Melgar cuestionó que “al que cobra menos se le da la buena pro y luego aparecen adendas que triplican el costo”, un esquema que, según dijo, está directamente ligado a la corrupción. Criticó también las certificaciones exprés: “Ahora un abogado en 15 días certifica a cualquiera. Eso es parte de la corrupción.
Las únicas que deben certificar son las universidades”. Anunció que impulsará alianzas con universidades para frenar ese tráfico de documentos. Sobre las modalidades de contratación, destacó que antes los concursos públicos aseguraban calidad: “El Puente Consuelo nunca tuvo problemas porque fue por concurso”.
Frente a la cada vez más común modalidad llave en mano, señaló que “no puede ser que quien haga el expediente sea la misma constructora”. También lamentó la falta de transparencia: “Solo publican montos, no el contenido real del expediente”, y señaló la presión política que distorsiona los proyectos. Para Melgar, la clave es planificar bien: “Mejor pasémonos un año viendo qué necesita la ciudad y lancemos concursos serios.
Así tendríamos proyectos de calidad y no cosas entregadas a dedo”. Por su parte, Guillén explicó que un expediente técnico es la planificación integral de una obra, que incluye memoria, planos, costos y tiempos. Señaló que las fallas pueden deberse a múltiples causas, no solo al expediente.
“Un terreno sin sanear puede paralizar una obra meses”, dijo, y también apuntó a las presiones políticas que fuerzan obras sin respaldo técnico. Cuestionó además las contrataciones que buscan el menor precio: “Siempre ir a menos trae consecuencias. Antes se usaba un promedio, ahora se exige el 90 % para no bajar tanto”.
También criticó los términos de referencia mal elaborados y que no se convoque a los colegios profesionales: “Sería lo mejor que sea obligatorio. Nosotros estamos llanos a participar, pero hace tiempo no nos llaman”. Finalmente subrayó que las responsabilidades son compartidas: “No debería haber fallas porque hay proyectista, contratista, supervisión y la misma entidad”. Si falla toda esta cadena, algo está mal en el sistema.
SANCIONES
Sobre las sanciones, Rivera explicó que el colegio ha emitido amonestaciones y expulsiones, pero admitió que muchos tienen temor porque “los cargos no son eternos”. Sobre normas más duras que buscan sancionar a proyectistas, opinó: “Se ponen reglas radicales, pero el tramposo sabe el manejo administrativo y ter mina perjudicando al inocente”. El representante del Colegio de Ingenieros indicó que “podrían hacer que se piense mejor antes de hacer un proyecto o que se tome con la seriedad que merece”.
Desde el Colegio de Ingenieros, señaló que pueden sancionar con suspensiones o inhabilitaciones según su código de ética. Al ser consultados, ambos profesionales advierten que sanciones muy severas podrían desalentar a profesionales a asumir proyectos públicos por temor a castigos desproporcionados. Señalan que una solución está en exigir calidad desde el inicio y mejorar los Términos de Referencia (TDR) que emiten las entidades.
PROPUESTA
Ante la magnitud del problema, ya se escuchan pedidos de sanciones más duras y rápidas, pues estos casos quedan muchas veces atrapados en trámites legales o administrativos que no avanzan con firmeza. La congresista Margot Palacios Huamán presentó el Proyecto de Ley 11474 para modificar el reglamento de contrataciones públicas y sancionar a consultores, supervisores y funcionarios responsables de expedientes mal elaborados.
Propone inhabilitar hasta por 5 años a los profesionales con fallas graves, impedir que las empresas involucradas contraten con el Estado hasta por 10 años si reinciden, y sancionar a funcionarios que aprueben sin advertir defectos.
