El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) plantea establecer nuevas reglas para la publicidad de apuestas deportivas por internet, incluyendo aquella difundida por influencers y creadores de contenido en redes sociales. La propuesta modifica el reglamento de la Ley N.° 31557 y busca reforzar la supervisión de las plataformas, así como la protección de los usuarios.
Uno de los principales cambios está relacionado con la identificación de la publicidad. Según el proyecto, los influencers deberán señalar claramente cuándo una publicación corresponde a un contenido patrocinado o una colaboración comercial. Además, solo podrán promocionar plataformas que cuenten con autorización vigente del Mincetur, las cuales deberán identificarse junto con su número de autorización administrativa.
¿Qué restricciones tendrían los influencers?
La iniciativa también establece límites para la difusión de estos contenidos. Entre ellos, se plantea impedir que la publicidad llegue a audiencias compuestas predominantemente por menores de edad y prohibir mensajes que presenten las apuestas como una fuente de ingresos o una solución a problemas económicos.
Asimismo, se busca evitar que estos juegos sean asociados con el éxito social, la popularidad o el atractivo personal, así como los mensajes que promuevan conductas compulsivas. La propuesta también contempla restricciones para proteger a niños y adolescentes frente a la publicidad de apuestas.
Las casas de apuestas también asumirían responsabilidad
Otro aspecto relevante es que los operadores autorizados serían responsables por la publicidad difundida por influencers, creadores de contenido y terceros contratados. Esto implicaría implementar controles para verificar que las publicaciones cumplan las condiciones establecidas, incluso cuando no hayan sido elaboradas directamente por las empresas.
La iniciativa fue publicada mediante la Resolución Ministerial N.° 382-2026-MINCETUR y se encuentra en etapa de consulta pública. Los ciudadanos, organizaciones y entidades interesadas pueden presentar comentarios hasta el 5 de noviembre de 2026. Por tanto, las obligaciones descritas forman parte de un proyecto normativo y no deben confundirse con disposiciones ya aprobadas.
