Escribe: Zenaida Zea
Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Víctimas y Deudos de las Protestas 2022- 2023, reiteró su rechazo a la nueva ley anti ONG, porque deja a las familias de las víctimas sin ningún respaldo legal. “Nos están quitando la posibilidad de encontrar la verdad y la justicia”, dijo.
El dirigente recordó que tras los asesinatos perpetrados por el gobierno de Dina Boluarte, las ONG han sido el único recurso para los deudos en busca de justicia. Afirmó que sin ellas, los deudos quedarán solos frente a un Estado que los silencia.
Samillán subrayó que la mayoría de las víctimas no puede costear abogados ni continuar con los procesos. “Nos dejan desamparados, obligándonos a abandonar nuestras luchas por la justicia, mientras ellos siguen financiando la defensa de los represores”, lamentó.
Dicha ley promovida por el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, acusado por la esterilizaciones forzadas a mujeres en los años 90, fue promulgada por Dina Boluarte, bajo el pretexto de evitar conflictos. Sin embargo, Samillán tiene claro que su verdadero propósito es frenar las investigaciones.
“Lo único que buscan es desgastar a las familias, obligarlas a rendirse por falta de recursos”, advirtió Raúl Samillán, que aún no supera la muerte de su hermano médico Marco Antonio, ultimado el 9 de enero en Juliaca cuando asistía a heridos.
Recordó que la ley también amenaza con multas millonarias a las ONGs que denuncien violaciones de derechos. “Las sanciones de hasta dos millones y medio de soles son una amenaza directa, que las obliga a callar y abandonar a las víctimas”, agregó.
INCERTIDUMBRE
En medio de esta incertidumbre, las familias temen por su futuro. Samillán reveló que aún no se ha definido el apoyo legal de las ONG. “Las organizaciones desaparecerán y con ellas nuestra esperanza de justicia”, expresó.
Ante este panorama, las víctimas se han unido en una causa común, organizándose a nivel nacional.
Dato.
Esta decisión del Congreso y el Gobierno atenta contra el derecho a la defensa.
