La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Derechos Humanos investiga denuncias de presunta tortura contra exaspirantes de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), ubicada en la base aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco. El caso salió a la luz tras un reportaje difundido por el programa televisivo Punto Final.
Las denuncias fueron presentadas por dos jóvenes que ingresaron a la institución en febrero de 2026. Ambos relataron haber sufrido presuntos abusos físicos y psicológicos durante las primeras semanas de formación militar. Los testimonios también describen humillaciones, insultos racistas y presiones ejercidas por cadetes de mayor antigüedad.
De acuerdo con los relatos recogidos por el programa periodístico, uno de los aspirantes habría sido obligado a realizar ejercicios físicos intensos luego de que le aplicaran una sustancia de uso muscular en partes sensibles del cuerpo. Su familia denunció que el hecho le provocó fuertes dolores y posteriores secuelas físicas y emocionales.
Otro de los testimonios señala que algunos aspirantes habrían sido sometidos a prácticas que incluían restricciones de movimiento, exposición a situaciones degradantes y agresiones verbales. Las denuncias también mencionan presuntos actos de discriminación por origen étnico y condición social.
Investigación fiscal en marcha
La Fiscalía de Derechos Humanos abrió diligencias preliminares para determinar si los hechos denunciados constituyen el delito de tortura u otras vulneraciones a los derechos fundamentales. Como parte de la investigación, se solicitaron registros médicos, imágenes de videovigilancia y documentación relacionada con el personal que participó en la instrucción de los aspirantes.
La abogada que representa a los denunciantes sostuvo que los jóvenes habrían sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su permanencia en la institución. Asimismo, indicó que las secuelas psicológicas continúan siendo evaluadas por especialistas.
Respuesta de la Fuerza Aérea
La Fuerza Aérea del Perú informó que los hechos investigados corresponderían a casos aislados. El general Nelson Suárez señaló que la institución cumplió con los procedimientos establecidos y remarcó que ninguna práctica disciplinaria puede justificar faltas graves o actos contrarios a la normativa militar.
Mientras avanzan las diligencias, la Fiscalía busca establecer responsabilidades individuales e institucionales. El caso continúa bajo investigación y las autoridades esperan recopilar nuevos elementos que permitan esclarecer las denuncias formuladas por los exaspirantes.
