Los Andes
En el Perú conviven economías de forma paralela, entre la formal, informal e ilegal, siendo esta última la que a menudo no genera registros, no tributa, causa desigualdad y competencia desleal; pero sobre todo la que le genera enormes pérdidas económicas al Perú.
Las economías ilegales en la última década han ido creciendo, en el Perú la minería ilegal y el narcotráfico han ganado terreno. Según Stephani Maita, economista del Instituto Peruano de Economía, la minería ilegal ha crecido en 7 veces en estos últimos 10 años, se estimaba que en el 2023, esta actividad alcanzó ganancias por más de 4 mil 800 millones de dólares.
El panorama empeoró en el año 2024, pues, conforme lo publica la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico, la minería ilegal generó ganancias que alcanzan los 6 mil 840 millones de dólares. Una pequeña parte de toda esa pérdida de dinero para el país, tranquilamente podría financiar las 10 plantas de tratamiento que necesita Puno, para aliviar la contaminación del Lago Titicaca, proyecto valorizado en casi 900 millones de soles.
Las ganancias de la minería ilegal, también podrían financiar sin mayor problema, megaproyectos como la autopista Arequipa – Puno – Desaguadero, cuyo valor aproximado sería de 455 millones de dólares y si nos ponemos a hacer más cálculos tal vés podríamos brindarle agua potable a esos más de 3 millones de peruanos que no tienen acceso. Surge la pregunta qué hace el Perú como Estado para combatir a las economías ilegales y la respuesta será incoherente, pues según informa la economista Maita, desde el año 2019 hasta la fecha, el presupuesto para combatir la minería ilegal y el narcotráfico se redujo en 21%.
Un efecto inverso, pues mientras las ganancias ilegales crecen, la estrategia del Estado para hacerle frente se debilita. En el caso de Puno la minería ilegal sigue siendo una amenaza persistente, pues el 44% del oro exportado desde Perú según estimaciones del Instituto Peruano de Economía, tiene como procedencia la región altiplánica. Esta economía clandestina no solo desvía recursos financieros que podrían destinarse al desarrollo regional, sino que también genera severos impactos ambientales y sociales, como deforestación, contaminación por mercurio y fortalecimiento de redes criminales.
En los últimos cinco años, la minería ilegal ha contribuido a la deforestación de más de 50,000 hectáreas en la Amazonía peruana, muchas de ellas en áreas protegidas cercanas a Puno. Las economías ilegales, traen consigo beneficios para sus autores, pero vienen acompañadas de abuso laboral, trata de personas, depredación ambiental, delincuencia, lavado de activos y otros delitos, lo peor de todo ello es que actúan ante una mirada pasiva y negligente del Estado.
Dato:
En el Perú, el presupuesto para combatir este flagelo se ha ido reduciendo paulatinamente desde el año 2019 hasta la actualidad.
