Cada vez aparecen más indicios de contratación de personas que no trabajan pero sí cobran en los proyectos a cargo del gobierno regional. Una parte se explican como los llamados afectos, es decir, personal que trabaja en las oficinas pero recibe sueldo de los fondos para proyectos.
Sin embargo, la cantidad es tal que también hay serios indicios de la existencia de “fantasmas” por doquier, es decir que alguien cobra y se embolsilla dinero que sale de las arcas públicas a cambio de nada. En Infoobras se indica que, en la actualidad, hay 333 obras que iniciaron su ejecución. Revisar cada proyecto sería tarea imposible, sin embargo, la Contraloría General de la República se ha tomado el esfuerzo de supervisar varias obras encontrando en todas ellas, personal pagado que no labora en la obra.
CASOS CONCRETOS
En el caso concreto del proyecto proyecto carretera tramo II – puente Cullco a Coraraca, se identificó a Luis Miguel Aguilar Cutipa, cuyo sueldo se cargaba a los gastos generales de la obra por disposición de la Gerencia Regional de Infraestructura, a pesar de que el individuo desempeñaba labores en la oficina de abastecimiento de la sede central y no registraba asistencia en la obra.
Situación idéntica se encontró en la partida de supervisión con James Steven Escobar Cruz. Este tipo de prácticas ha ocassionado que los gastos generales de la obra hayan superado el 100% de lo aprobado, mientras el avance físico apenas alcanza el 29.87%, existiendo además anotaciones falsas en el cuaderno de obra que buscan encubrir esta situación.
INSTITUTO ANDRÉS AVELINO CÁCERES
Un patrón similar pero agravado se identificó en el proyecto del Instituto Andrés Avelino Cáceres de Putina, donde se afectaron planillas con personal de la sede central como Lisbeth Chura y Luz Mamani, cuyas funciones en la obra eran desconocidas incluso por el propio residente.
Más grave aún fue el hallazgo de Maribel Gómez Gómez, incluida en las planillas de costo directo como peón y oficial, a quien se comprobó que realizaba labores administrativas en la ciudad de Puno sin pisar la obra.
Los responsables de obra señalaron que estas inclusiones se realizaban por indicación de la Gerencia Regional de Infraestructura, pero sin sustento documental formal, trasladándose la responsabilidad a los residentes y supervisores bajo el ambiguo argumento de los “principios de confianza”.
MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN
Por otro lado, en el proyecto del IST Manuel Núñez Butrón de Juliaca, si bien no se hallaron afectos de manera directa, el análisis financiero revela un desfase crítico que sugiere una grave mala gestión o un posible desvío de recursos.
A solo dos meses de la fecha de culminación proyectada, la ejecución presupuestal apenas alcanza el 39.44%, habiéndose devengado menos del 5% del presupuesto en el último mes reportado.
EN EL 2024
Los casos mencionados son de este año, pero Los Andes estuvo advirtierdo de la misma práctica desde el inicio de gestión. En las obras de la avenida Circunvalación de la ciudad de Juliaca se detectaron nada menos que 18 casos, casi todos entre diciembre del año 2023 y septiembre del 2024.
Entre los trabajadores se encuentran desde abogados de la procuraduría, guardianes de proyectos paralizados, personal de la oficina de comunicaciones y relaciones públicas y otros. El sueldo mínimo es de S/ 1 mil 800 aunque, según planillas, los sueldos llegan a S/ 4 mil 800.
En la obra de construcción del colegio Thomas Alva Edison del centro poblado de Chilla en Juliaca se han encontrado nada menos que 14 de estos “afectos”, entre diciembre del año 2023 y julio del 2024.
Entre estos llaman la atención las designaciones de Yoshira Katerin Cruz Mucho, quien fue designada como asistente administrativo para la oficina Tesorería y la de Maribel León Quispe en la oficina de Abastecimientos y servicios. Los otros 12 están distribuidos en las oficinas de tecnología de la información, en liquidación de proyectos, recursos humanos y otros.
En las obras del ISEPA de Melgar, se detectaron cuatro de estos “afectados a obra”: Teodora Añasco Tumi, Yoselyn Ramos Mamani, y Kenedy Calcina Huarilloclla, todos designados presuntamente en la subgerencia de obras. A estos se les sumó, Gabriela Galarza Salas quien supuestamente trabaja en la oficina de abastecimientos. La condición de los últimos mencionados se verificó en septiembre del año 2024.
En las obras del colegio Mariano H. Cornejo de la ciudad de Juliaca se detectaron 11 de estos “afectados a obra” que laboraron entre junio a septiembre casi todos, como especialistas y con sueldo de S/ 6 mil para arriba de acuerdo a las planillas de la obra. En las obras del puente Yaraja se detectaron 6 de estos entre junio y octubre del 2024.
Eduardo Cuba, Maxi Sosa, Lourdes Alzamora, Yoselín Sayda Ramos Mamani, Yudith Chambi Figueroa, Ana Melva Puma Llanque y Brayan Ordoñez Nina son los “afectos”. Brayan Ordoñez está asignado como asistente administrativo para la vicegobernación del gobierno regional. Los demás están distribuidos entre las oficinas de liquidación y supervisión y de recursos humanos.
AGENCIA DE EMPLEOS
El consejero de la provincia de Chucuito, Abad Vizcarra Estrella, lanzó una serie de graves acusaciones contra la actual gestión del Gobierno Regional de Puno, señalando que esta se ha convertido en una “agencia de empleos” para pagar favores políticos a quienes apoyaron la campaña electoral.
Esta práctica, según el fiscalizador, ha generado un “desorden total” en la administración y en la asignación de personal. Agregó que los excesivos gastos, varios de ellos en personal están ocasionando que las obras resulten desfinanciadas. En ese sentido coincide con las advertencias de la Contraloría General de la República.