Escribe: Carlos Peña Julca
La tragedia en el Real Plaza de Trujillo motivó a que más de una persona se pregunte cuáles fueron las causas del incidente ocurrido el último viernes 21 de febrero. Si bien la PNP y la Fiscalía investigan el hecho que deja 8 fallecidos y más de 70 heridos; también existen normas legales que fueron promulgadas por el Gobierno de Dina Boluarte y que limitaron el cierre del establecimiento comercial.
En diciembre de 2023, Arturo Fernández, exalcalde de Trujillo, clausuró el centro comercial, luego de que se registrara el asesinato de Hugo Chávez Loyola, alias ‘Virolo’, en el patio de comidas. Las críticas no tardaron y, desde el Congreso, Alejandro Cavero le recordaba al burgomaestre que no tenía la potestad para cerrar el Real Plaza de su ciudad, que existe una ley que promovió el Congreso, la cual prohíbe la clausura “arbitraria” de un centro comercial. La nueva ley N° 31914 establece que las municipalidades del país deben levantar la clausura de un centro comercial en un plazo de 48 horas. Esto, luego de que el establecimiento presente la documentación correspondiente. Tras la tragedia, Cavero se lavó las manos y mencionó que dicha ley se promulgó para permitir que el pequeño, mediano y gran empresario puedan trabajar libremente sin temor a ser clausurados por arbitrariedades o por motivos que puedan subsanarse de inmediato. No obstante, la ley sí limita el cierre de los centros comerciales.
Fue el 10 de mayo de 2023 que la bancada de Fuerza Popular impulsó un proyecto que limitaba el cierre temporal de los centros comerciales del Perú. Se trata del proyecto N° 4952 que modificaba la ley 28976, ley de licencia de funcionamiento para regular las clausuras de establecimientos. El 5 de octubre de ese año, la iniciativa fue llevada al Pleno que dirigía en ese entonces Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso. Tras el debate, la bancada fujimorista consiguió 85 votos a favor y solo 19 en contra.
La nueva ley N° 31914, promulgada por el Gobierno de Boluarte, el 28 de octubre de 2023, establece que si los centros comerciales presentan un riesgo inminente contra la vida, la salud, la seguridad o la propiedad de las personas se debe proceder con la clausura; sin embargo, también refiere que las municipalidades deben levantar la clausura temporal de un centro comercial en un plazo máximo de 48 horas. Es decir, en caso de que una municipalidad imponga una sanción a un centro comercial, este deberá presentar la documentación correspondiente subsanando las observaciones pertinentes para poder reabrir sus puertas. Si el municipio no emite una respuesta dentro del plazo estipulado (dentro de 48 horas), la clausura quedaba sin efecto. De esta manera, la bancada del fujimorismo junto con Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre, Podemos Perú y aliados apoyaron la iniciativa.
