Escribe: Oscar Pareja Castro
No es agradable volver a escribir sobre el periodismo o la propia función de la prensa; sin embargo, es imperioso hacerlo, sobre todo cuando hay ciertas autoridades, exautoridades o personajes vinculados a la política que pretenden impedir la labor de los periodistas mediante la violencia o la intimidación de forma explícita o tácita.
Cuando la mayoría de colegas en Arequipa pensaban que sus únicos “haters” eran el gobernador Rohel Sánchez y el alcalde Víctor Hugo Rivera por obvias evidencias registradas en videos, en las últimas semanas han salido más personajes que se sumarían a esta aciaga tendencia. Una de ellas es la congresista María Agüero. La semana pasada la Fiscalía intervino sus propiedades en Lima y Arequipa al ser investigada por presunta “mochasueldo”.
En el distrito de Mariano Melgar, en momentos que se allanaba la vivienda de Edson Flores, asesor de Agüero, implicado en este caso, los periodistas de diversos medios de comunicación que informaban el hecho fueron agredidos por un grupo de simpatizantes de la congresista con palos, piedras, agua, espinas, entre otros.
En todo momento, este grupo de desadaptados simpatizantes de la agrupación política Perú Libre, impidieron la labor de la prensa. En la misma semana, personal de seguridad de EsSalud le arrebató su equipo celular al periodista de RPP, George Huamaní, en momentos que cumplía su labor de buscar una entrevista al cuestionado gerente de la Red Asistencial de Arequipa, Yilber Zeballos.
El vigilante para impedir que el comunicador dialogue con Zeballos le quitó su teléfono y lo lanzó al suelo, luego lo volvió a tomar, delante del jefe de Imagen de la entidad, quien pese a ser también periodista, no hizo nada al respecto para corregir al trabajador y permitió el abuso.
Al respecto, el Colegio de Periodistas de la ciudad se ha pronunciado y ha pedido respeto al ejercicio profesional, reafirmando el compromiso por la defensa de la libertad de prensa. Sin embargo, a estos casos se suman intimidaciones a otros periodistas, y aunque parezca inaudito, provienen de funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), que anteriormente fueron comunicadores sociales.
Uno de los casos se trata del exasesor de Rohel Sánchez, Carlos Zanabria, quien telefónicamente advirtió a la periodista del diario Los Andes, Flor Barrios, con querellarla tras publicar un informe en el que se informó sobre la sospechosa contratación del esposo de su sobrina en una gerencia del GRA.
Otra intimidación fue la que realizó Benjamín García, asesor de Rohel Sánchez, al periodista Robert Orihuela, por publicar una denuncia periodística sobre su contratación en la gestión regional, pese a que García es concuñado del gobernador, lo que configuraría un presunto nepotismo.
Dos semanas en promedio para el olvido, en la que la prensa ha sido intimidada de distintas formas que debe llamar la atención no solamente del Colegio de Periodistas, sino de las propias autoridades como la Prefectura o la propia Fiscalía de Prevención del Delito. Si un servidor o funcionario público tiene el firme propósito de silenciar el trabajo de un periodista mediante amedrentamientos –sea cual sea-, es claro que algo pretende ocultar.
