La asesora legal de bienes patrimoniales de la Municipalidad Provincial de San Román, Milagros Vega Yépez, advirtió posibles irregularidades en la medida cautelar emitida por el juez Guido Chevarría Tisnado, para frenar la construcción del Colegio de Alto Rendimiento (COAR), en Juliaca, a pedido del sindicato de la Dirección de Transportes de Puno.
La funcionaria cuestionó la legalidad de la resolución judicial, indicando que esta fue emitida sin un análisis adecuado de la normativa vigente. Esta omisión podría invalidar todo el proceso, dejando sin efecto la medida del juez.
El terreno del “Campamento Taparachi”, fue solicitado por el sindicato el 7 de mayo de 2014 con fines recreativos. Sin embargo, Vega aclaró la finalidad que exige la ley para los bienes estatales, los cuales deben estar destinados exclusivamente a fines públicos.
La asesora enfatizó que la Resolución Directoral Regional Nº 438-2014, que respalda al sindicato, contraviene la legislación sobre bienes del Estado. “Los actos administrativos y contratos que se suscriban contraviniendo lo dispuesto por la ley son nulos de pleno derecho”, advirtió.
También indicó que solo se demandó a la Dirección Regional de Educación (DREP), dejando fuera al Ministerio de Educación, pese a que figura como propietaria legal del terreno.
“Hay una clara irregularidad en el proceso judicial”, declaró. Vega recomendó que la DREP impugne esta medida y que el procurador del Minedu intervenga de oficio. Asimismo, insinuó que el Ministerio de Transportes podría estar encubriendo irregularidades al no actuar frente a la cuestionada transferencia.
INACCIÓN
Por su parte, el regidor Salvador Valdivia Cárdenas, culpó al director de la UGEL San Román, Farid Mamani Llano, por no tomar posesión oportunamente del predio del Campamento Taparachi, cuando desde Lima se ratificó la construcción del COAR en la ciudad de Juliaca.
