El 24 de junio de 2011, la asonada conocida como el “Azangarazo” cobró la vida de seis ciudadanos y dejó más de 60 heridos a manos de las fuerzas del orden. Este conflicto social surgió contra la contaminación provocada por la minería ilegal e informal en la cuenca Ramis. La protesta fue organizada por dirigentes, autoridades y pobladores de varios distritos de Azángaro, quienes, desde junio de ese año, decidieron sitiar progresivamente la ciudad de Juliaca.
Esta fue elegida estratégicamente para dar mayor contundencia a su medida de lucha. Ese día murieron Antonio Campos Huaranca, Edwin Félix Yrpanoca Turpo, Raúl Cancapa Huaricallo, Petronila Coa Huanca y Gregorio Huamán Mamani. Javier Perlacio Limachi falleció días después en el Hospital Carlos Monge Medrano.
PROCESO
Según Torres Rodríguez, recién en 2015 el fiscal Ernesto Rojas Cayllahua formalizó la denuncia, luego de que su colega Nancy Vargas Arenas fuera cuestionada por dilatar el proceso, presuntamente para favorecer a uno de los implicados. En 2022 se presentó la acusación fiscal, y el 15 de julio de 2024 se iniciará la etapa de juicio oral.
La Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Román solicita 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado y lesiones leves y graves. Los procesados son Herber Rosas Bejarano, exjefe de la Región Policial de Puno; Enrique Dávila Ordoñez, exjefe de la División Policial de Juliaca; y Óscar Espinoza Herrera, exjefe de la Dinoes y encargado del orden interno. Asimismo, figuran en la carpeta fiscal Víctor Apaza Taco y Helber Smith Tito Corimayhua.
TRABAS
El letrado lamentó que, a 14 años de los hechos y a solo un año del juicio oral, no haya un avance significativo en el proceso. Cuestionó, por ejemplo, que las audiencias solo duren tres minutos, a pesar de la complejidad del caso. Los deudos de las víctimas realizaron una vigilia en Juliaca y hoy se movilizarán
